En Guatemala, al igual que en la gran mayoría de países de América Latina, la actividad política traducida en el esfuerzo de las acciones públicas por llegar al poder, se ha convertido en la herramienta por excelencia de la captura del Estado. Esta captura del poder, comprendida como la capacidad de los grupos de interés para influir a través de prácticas corruptas en las altas esferas de decisión estatal, es una de las formas clásicas de corrupción más predominante en Guatemala. Y es que en un país como el nuestro, donde ya se presenta un cuadro patológico avanzado en materia de corrupción, la actividad política y la función pública han llegado a convertirse en la mente de la ciudadanía, en una analogía de corrupción y podredumbre. Por eso es que la destitución de los gobernadores de Chiquimula y Suchitepéquez por parte del Presidente de la República, constituye un mensaje de esperanza para la población guatemalteca.
Como ciudadanos apoyamos la decisión del Presidente en no tolerarles a estos funcionarios sus trances y porquerías, sin embargo, cuando uno de los principales problemas de nuestro país, separadamente de la inseguridad y la crisis económica, son las prácticas corruptas en los estamentos del Estado, tenemos que asumir la responsabilidad de llevar este tema al debate público. Pues no olvidemos que el problema de la corrupción nos afecta a todos, sobretodo al comprender que este es un mal endémico que disminuye la capacidad de reducir la pobreza y consecuentemente, nos condena al subdesarrollo.
Muchas son las personas que saben que colaboré en el Plan de Gobierno de la UNE, donde participé como Coordinador de la Política de Desarrollo Democrático, aparte de otros programas como la reforma política, concebí una nueva institución que pudiera darle un aire de esperanza al sistema político del país, fue en ese espacio donde concebí la idea de instituir en Guatemala, el Consejo Nacional Contra la Corrupción, una entidad no gubernamental financiada por el Estado pero constituida por los actores más probos e incidentes de nuestra sociedad. La idea fundamental de esta institución, es empoderar a la sociedad del control y monitoreo de la gestión pública, algo que ha sido tradicionalmente delegado al mismo Estado, donde por supuesto, los resultados ya los conocemos de manera amplia y repetitiva. Pues con estos sistemas de control tan obsoletos que insistimos en mantener, lo que hemos hecho es amarrar a un chucho con chorizos.
Yo aplaudo el esfuerzo que Acción Ciudadana hace sobre este tema, pero con todo respeto, tomando en cuenta el tamaño del problema que significa la corrupción, considero a esta institución como el dedo que pretende contener el cause de la grieta de un gran dique. El hecho de instituir el Consejo Nacional Contra la Corrupción, definía una pronta política de Estado contra la corrupción y la impunidad. La idea es que en el Consejo Directivo estuvieran presentes tanto el Estado como los actores más incidentes de la sociedad guatemalteca. Por parte del Estado, un representante del Presidente de la República, Ministerio Público, Contraloría de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Congreso de la República, Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, etc; por parte de la sociedad guatemalteca, representantes de todas las universidades del país, colegios profesionales, iglesias, sindicatos, cámaras empresariales, asociaciones estudiantiles así como la prensa escrita, radial y televisada. Integrados en una ágil y eficiente estructura totalmente autónoma, pero muy funcional y operativa que en un artículo posterior con mucho gusto detallaré.