«Debido a que la Policía no se da abasto para capturar a los delincuentes, se solicitó al Congreso de la República que se autorice a militares realizar capturas», reza parte de la noticia que semanas anteriores, alertó sobre la petición del Consejo Nacional de Prevención del Delito, sobre la posibilidad de llevar un paso más allá los patrullajes conjuntos.
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Desde el 2004, durante la gestión del entonces presidente í“scar Berger, se dio marcha al plan de combinar elementos civiles y militares y desplegarlos a zonas rojas denominadas «barrios marginales», con el fin de garantizar el combate a la inseguridad.
El papel que los efectivos militares debieron jugar era únicamente preventivo, una especie de refuerzo para la Policía, pero cabe resaltar que en caso de complicaciones operativas, la respuesta de esperar sería según su entrenamiento militar.
Si bien, la inseguridad desborda la capacidad de instituciones como la Policía, medidas de militarización como la propuesta por el Consejo, no garantizan que los índices de violencia y criminalidad se reduzcan considerablemente. Ha quedado demostrado que los patrullajes no han dado los resultados esperados y por el contrario, se tiende a continuar con la estigmatización a grupos, que por vivir en zonas periféricas, ser jóvenes o de escasos recursos, se les acusa de ser los responsables de la ola de violencia.
No sirve de nada capturar y capturar a presuntos delincuentes, si por otro lado, bien acomodados y protegidos se encuentran los aparatos clandestinos o cuerpos ilegales, quienes planifican y dan lineamientos para el siguiente golpe.
El problema es abordar de forma focalizada y no integral la inseguridad. En el país persiste la impunidad, que desbarata y carcome instituciones completas. Y es precisamente esas instituciones a las que se debe fortalecer inmediatamente.
Para el caso de Gobernación, la llegada de nuevas autoridades representa la oportunidad de continuar o iniciar esa dignificación y profesionalización de los elementos de las fuerzas civiles de seguridad, por encima de delegar atribuciones que no le corresponden a la milicia guatemalteca, cuya operatividad debe limitarse a cumplir con mantener y garantizar la soberanía del territorio nacional, en respuesta a las nuevas exigencias enmarcadas en la concepción de respeto y garantía de los derechos humanos, y en general una dinámica militar signada en pro del fortalecimiento de la paz y convivencia, como muestra de voluntad real del sometimiento al poder civil y una modernización integral del Ejército.