El informe anual 2009 de Amnistía Internacional (AI) sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos presentado hoy, detalla en su capítulo dedicado a Guatemala que, las amenazas, intimidaciones y hostigamiento a defensores de Derechos Humanos continuaron, como en años anteriores.
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Claudia Samayoa, de la Convergencia por los Derechos Humanos, considera que la situación para los defensores no sólo se mantuvo en 2008, sino que se agudizó al finalizar el período, así como la impunidad en esos hechos.
«En 2009, la situación se ha visto agravada profundamente. El año pasado terminamos con 220 agresiones y este año superamos las 142 y aún no ha terminado el quinto mes del año, lo cual evidencia la gravedad», adujo.
El documento también resaltó la violencia de la que han sido objeto sindicalistas, cuya mayor preocupación se refiere a la muerte violenta de varios militantes, pese a que no refiere cifras exactas. En ese contexto, la activista indicó que este año podría ser peor para los defensores.
ARCHIVOS MILITARES
El documento destaca, también, que el Gobierno, durante 2008, incumplió su compromiso de desclasificar los archivos militares, los cuales representarían una contribución fundamental para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Según Samayoa, tal situación ha sido una constante en los informes de amnistía, sin embargo, durante el año pasado la misma se desmejoró, puesto que pese a que el mismo presidente de la República y comandante en jefe de las fuerzas militares, ílvaro Colom, ordenara su apertura, la misma fue desobedecida.
Dí‰FICIT EN SEGURIDAD
El tercer tema que aborda el capítulo dedicado al país refiere que hubo pocos avances en materia de seguridad pública.
El texto señala que a inicios del primer año de gobierno de la actual administración se anunciaron varias iniciativas, no obstante, al concluir este, no se observó disminución en los índices de la delincuencia ni de las muertes violentas.
«Al parecer, en muchos homicidios participaron miembros de las fuerzas de seguridad, tanto en servicio, como fuera de él», cita el informe.
En ese sentido, la representante de la Convergencia por los Derechos Humanos aseguró que en este aspecto, el deterioro ha sido mucho más grave, en tanto que una serie de políticas que se habían iniciado han sufrido retroceso profundo durante la gestión de Salvador Gándara, actual jefe de la cartera de Gobernación.
Entre las acciones que preocupan a los activistas se lista la disolución de la Unidad de Análisis y Derechos Humanos de la División de Investigación Criminal de la Policía , lo cual representa «un retroceso».
Asimismo, mencionó que durante el último mes y medio, se ha retirado la protección a unos ocho defensores de derechos humanos y a testigos protegidos y se conoce que a siete más, se les ha anunciado la clausura de la protección.
«De no corregirse el rumbo podría esperarse una evaluación más severa para 2009 de Amnistía», advirtió Samayoa.
A criterio de Mario Minera, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) la aprobación del Acuerdo para el Avance de la Seguridad y Justicia, por los tres organismos del Estado, representa una serie de acuerdos que hasta ahora solo representa un conjunto de «buenas intenciones», por lo que no podría calificarse como un avance en el tema.
Samayoa coincide al afirmar que aún hace falta ver la hoja de ruta con los indicadores para evaluar y establecer cómo se van a llevar a cabo los 101 compromisos.
«El 15 de marzo, ofrecieron (las autoridades) mostrar la hoja de ruta en 45 días, cuyo límite se cumple en unos días. Por ahora el rumbo va muy mal, no hay cambios», sentenció.
El informe 2009 de AI sobre la región latinoamericana resalta como principal conclusión que en el continente, los defensores y defensoras de los derechos se desempeñan y deben desafiar a poderosas élites sociales y económicas, y tienen que hacer frente a la inercia y la complicidad de gobiernos que no cumplen con su obligación de promover y defender los derechos humanos.
EN EL MUNDO
«Bajo la crisis económica se esconde una bomba de derechos humanos». Con esas palabras describió Irene Khan -secretaria general de AI-, hoy en Londres, durante la presentación del informe 2009 sobre la situación que se incuba en el mundo como consecuencia de la crisis económica y financiera por la cual atraviesan los países.
«La recesión económica ha agravado los abusos, ha hecho que se desvíe la atención de ellos y ha creado nuevos problemas. Los derechos humanos se pisotearon en nombre de la seguridad, y ahora se relegan al último puesto en nombre de la recuperación económica», aseveró Khan.
«El mundo necesita un New Deal (Nuevo Trato) mundial sobre derechos humanos. No necesita promesas sobre el papel, sino compromisos y medidas concretas de los gobiernos para desactivar esta bomba de derechos humanos. Los líderes mundiales deben invertir en los derechos humanos con tanta determinación como lo hacen en la economía», sentenció.