En el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal se inició la segunda semana de debate oral y público que enfrentan 22 supuestos mareros, señalados de organizar el motí­n sincronizado del 15 de agosto de 2005, que dejó como saldo la muerte de por lo menos ocho reclusos.

Desde el inicio del debate oral y público, la semana recién pasada, el ambiente de la Torre de Tribunales se ha tornado diferente. Algunos juristas opinan que han tenido que cambiar de rutina ante la llegada de los 22 procesados que de antemano se ha dicho que son de alta peligrosidad.

«Desde que llegamos al estacionamiento de tribunales se nos advierte que tenemos que tener cuidado al momento de utilizar los elevadores, se ha designado un solo ascensor para que los procesados suban según las medidas de seguridad de los guardias del Organismo Judicial (OJ) y del sistema penitenciario», expresó uno de los jueces entrevistados.

Varios juristas coincidieron en su preocupación ante la llegada a diario de los 22 reclusos, algunos opinan que quizá la mejor opción para el juicio oral y público hubiera sido que la celebración del debate se realizara en el mismo penal donde los sindicados están detenidos.

El Tribunal que preside el juez Horacio Enrí­quez Sánchez desde primeras horas toma las debidas precauciones para la realización y desarrollo de las audiencias, tomando en cuenta que agregado a las partes procesales deberán acudir al juicio testigos.

La seguridad del OJ tienen a cargo el registro de toda aquella persona que ingrese a la sala de debates, mientras que las fuerzas combinadas y elementos del sistema penitenciario se encargan de la colocación adecuada de los procesados; los coordinadores de la seguridad han decidido permitir el ingreso de los abogados hasta el momento que dé inicio el debate.

De forma extraoficial, se conoció que algunos reos han cambiado sus actitudes y tratan de ponerse agresivos, pero también se ha observado que varios a diferencia del inicio del debate, ya no usan chaleco antibalas.

Los veintidós reos enfrentan juicio oral y público al ser sindicados de su posible participación en la revuelta de presos del 15 de agosto de 2005 donde fallecieran ocho reclusos, tras las investigaciones del Ministerio Público se cree que los ahora sindicados habrí­an sido los responsables, por lo que ahora se les juzga por el delito de lesiones y homicidio en riña tumultuaria y motí­n de presos.

En la audiencia de este dí­a fueron escuchados varios guardias de seguridad del sistema penitenciario quienes tení­an a cargo la custodia dentro del centro penal para varones Pavón, en Fraijanes Guatemala.