La decisión de las autoridades al impulsar operativos en las zonas rojas, donde los grupos criminales tienen atemorizada a la población, fue bien recibida porque aunque esa función es natural de la PNC y la vigilancia tendría que ser permanente, todos sabemos que eso no ocurre y que la población se siente indefensa. Sin embargo, el efecto positivo de la medida se revierte si resulta que la Policía está dando palos de ciego y que aquellos capturados en las primeras acciones del nuevo gobierno, están nuevamente libres porque no hubo mérito para iniciarles proceso.
En ese sentido, lo que fue un buen arranque se traduce en nueva frustración para quien vio a los policías en su colonia, capturando a conocidos delincuentes, pero que al día siguiente se encuentra con que los pandilleros o asaltantes ya están de nuevo en la misma esquina de siempre pues el juez los dejó libres al no encontrar pruebas. El Ministerio Público alega que las capturas se hicieron sin cumplir con los requisitos legales y que no se les proporcionaron las pruebas suficientes, de suerte que apenas un puñado de los capturados sigue tras las rejas y la inmensa mayoría están de nuevo viendo, con arrogancia y prepotencia, a los vecinos del barrio que tienen sobradas razones para tener hoy más miedo que antes.
Se supone que el nuevo gobierno, al quedarse con el anterior Viceministro de Gobernación a cargo de la seguridad como titular del despacho, pretendió continuidad y evitar improvisaciones, lo que hace más inexplicable ese comportamiento que no tomó en cuenta la necesidad de realizar elementales labores de inteligencia para no dar palos de ciego. Porque el recurso, que pudo ser bueno no sólo desde el punto de vista publicitario sino desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, termina siendo un fiasco para la población, frustrante para el vecino y para las fuerzas de seguridad que se arriesgan en esos operativos que, por falta de planificación y coordinación con el Ministerio Público, terminan en una llamarada de tusa que no le conviene a un gobierno que se está asentando.
Obviamente no es fácil asumir la tarea de devolver seguridad a un país como el nuestro, donde ha hecho crisis la falta de aplicación de la ley al grado de que el sistema es inoperante para efectos prácticos y proliferan acciones para buscar «justicia» por propia mano. Pero hay que ser muy cuidadosos para no caer en acciones que al final de cuentas debiliten más la confianza en las autoridades. Y es que nada tan terrible como ver que se llevan a los criminales a la cárcel para volverlos a ver en la calle al día siguiente: eso sí que le baja la moral al más pintado de los optimistas y al más esperanzado de los ciudadanos.