No hace falta ser extremadamente acucioso para entender que la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos persigue, por sobre todas las cosas, aumentar la cantidad de dinero que los partidos políticos perciben por voto recibido en las elecciones generales y que todo lo demás que se incluye en el proyecto que ha sido aprobado ya en dos lecturas en el Congreso de la República es la palabrería de adorno para que nos traguemos esa píldora que se traduce en un aumento significativo del aporte que del dinero de los contribuyentes se les pasa a los dirigentes para que lo administren a su sabor y antojo.

¿Puede el Tribunal Supremo Electoral darnos un informe de cómo han sido invertidos los fondos que se han trasladado a los diferentes partidos desde 1985 hasta la fecha?  Seguramente que no, porque ese dinero, supuestamente destinado fundamentalmente para la formación de cuadros y fortalecimiento de la estructura organizativa en los diferentes distritos electorales, se maneja de manera totalmente discrecional y en muchos casos simplemente se usan dizque para pagar deudas que se contrajeron en la campaña nada más y nada menos que con los meros tatascanes de los partidos, mismas que no se respaldan  en documentos contables que aseguren el ingreso y egreso de los fondos, mucho menos en una bancarización de las operaciones.

En algunos casos ello explica la fortuna súbita de dirigentes de partidos políticos que de vivir en modestísimas viviendas terminan saltando del rancho al palacete y, de ganancia, con casas de descanso en playas o sitios de recreo. Eso sin contar con otra gran cantidad de fondos de más oscura procedencia que son los que aseguran que nuestros políticos sean verdaderos potentados que se pudren en dinero amasado de manera legalmente inexplicable y moralmente incomprensible.

Tampoco requiere mucha capacidad de análisis ver que nuestro sistema de partidos políticos es una auténtica vergüenza que debilita el ejercicio de la democracia. Pero la reforma que se está conociendo no apunta a un fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, sino al fortalecimiento de esa partidocracia que han construido nuestros dirigentes para garantizarse que puedan negociar con los grupos de poder a cambio de privilegios y negocios bajo la mesa, en los que comparten las ganancias para incrementar respectivamente sus capitales sin el menor asomo de vergüenza.
 
 Guatemala está urgida de cambios profundos en el sistema político para forzar a una democratización efectiva de los partidos políticos de manera que los afiliados sean los dueños de los mismos y que tengan derecho a decidir las cuestiones fundamentales, empezando por las candidaturas. Pero ello no es del interés de ningún político y menos de los diputados que se benefician del sistema de cacicazgos que les permite eternizarse en las curules sin tener que rendirle cuentas a nadie porque al fin y al cabo se ha establecido que mientras puedan pagar la cuota que les corresponde para comprar la candidatura, allí seguirán mamando y bebiendo leche de la teta del Estado.

Entre la ley de transparencia recién aprobada, que apenas tiene un par de chispazos para endulzar la boca a los críticos, en medio de una sarta de acciones que en el fondo institucionalizan la corrupción, y la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, nos están viendo cara de majes a todos los guatemaltecos y se sienten con luz verde de la opinión pública para aprobar los préstamos que son pan de hoy y hambre de mañana porque no hay políticas públicas de inversión social que privilegien el desarrollo humano sino que toda inversión o gasto del erario privilegia únicamente el trinquete y el negocio.