Cuando se me invitó a asistir a la Ceremonia del Cambio de la Rosa de la Paz a realizarse con ocasión del XVI Aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, pensé que podría tratarse de una ceremonia más como las que han tenido lugar aquí, en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. Me pareció, en consecuencia, que no procedía asistir.

Sin embargo, me percaté y comprendí que procedía estar presente en tanto que considero que lo que procede es, en esta ocasión, hacerle entrega, personalmente, al Presidente de la República de Guatemala, señor Otto Pérez Molina, de una carta abierta en la que le doy a conocer mi opinión y posición respecto al estado de los Acuerdos de Paz y lo que considero la ruta a seguir a fin de concertar la construcción de una Nueva Nación, un nuevo País.

Proceder de otra manera, me dejaría al margen del compromiso que adquirí desde el momento en que, junto a los compañeros de la Comandancia General de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), asumimos la decisión de, por medios políticos, ponerle fin al enfrentamiento armado y discutir y convenir, con el Gobierno de la República, lo que han pasado a ser y constituyen las bases de solución de las causas estructurales e institucionales que le dieron origen. Con mi asistencia a esta ceremonia conmemorativa, ratifico mi compromiso, en mi calidad de ciudadano y signatario de los Acuerdos de Paz, con lo acordado y convenido.

Si en algo hay que insistir a 16 años de la firma de la Paz es que, aunque la situación y condiciones del país en el momento actual no son las mismas que en aquél momento, las causas estructurales e institucionales que dieron origen al enfrentamiento armado están, en su conjunto, pendientes de resolver; sus consecuencias y efectos, continúan siendo motivo de conflictos sociales y exigencias y demandas de los sectores sociales y populares.

El camino recorrido a lo largo del proceso de negociación y conversaciones, nos deja muy valiosa experiencia y ricas enseñanzas. Con base en ellas, habrá que continuar trabajando a fin de que los problemas derivados de la situación y condiciones del momento y su posible desarrollo y desenvolvimiento, se atiendan y resuelvan. El diálogo tiene legitimidad y validez si corresponde a la voluntad y decisión política de conducirse con el propósito de acercar puntos de vista, encontrar en lo que se puede coincidir y que las diferencias no se conviertan en un pretexto para demorar o posponer la solución de lo planteado y no avanzar en lo que se está de acuerdo.

La paz no puede ser posible si los conflictos sociales no se atienden y resuelven oportuna y adecuadamente o si se criminaliza la protesta social y popular. El recurrir a la violencia y a la represión no es el camino a seguir para que en nuestro país se creen las condiciones para una vida mejor, con seguridad, progreso y bienestar, equidad y justicia social. La paz no es firme y duradera si no se salvaguardan y protegen los recursos y riquezas naturales, la independencia y soberanía nacional.

La paz será firme y duradera a partir del momento en que el régimen de tenencia, propiedad y explotación de la tierra deje de ser tan atrasado, caduco y excluyente y que a quienes son los que en realidad la trabajan y hacen producir no se les haga partícipes activos y reconozca su derecho a ser protagonistas y artífices del desarrollo y el progreso, su autosuficiencia alimentaria y nutricional.

La paz no puede ser posible si no se garantiza la seguridad ciudadana y se atacan las causas que son el caldo de cultivo del crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el trasiego de armas, el tráfico de influencias, la corrupción y la impunidad. La paz es el más formidable sostén y apoyo para una gestión gubernamental democrática y participativa.

La probidad y honestidad, a su vez, son el baluarte capaz de contener y acabar con cualquier forma o manifestación de corrupción y tráfico de influencias. Y si algo hay que honra al ciudadano es la trasparencia, probidad y honestidad en el manejo y conducción de los asuntos públicos y de Estado. Nuestro país no puede avanzar, desarrollarse y progresar, y se altera la paz y vulnera la institucionalidad cuando lo que prevalecen son los intereses de unos cuantos y no el interés y beneficio del país y la nación y persiste esa grosera e insultante desigualdad económica y social.

En tales condiciones, la construcción y fortalecimiento de la paz firme y duradera, pasa por la institucionalización y legitimación del carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca, el respeto a los derechos humanos y trabajar incansablemente a favor del desarrollo y progreso del país, la equidad y justicia social, nuestra independencia y soberanía, la reconciliación nacional, la seguridad ciudadana y la democracia real, funcional y participativa, conforme al contenido sustantivo e integral de los compromisos y acuerdos suscritos.