Ayer, a eso de las doce del día, la radio difundió en directo noticias de lo que estaba ocurriendo en Puerto Quetzal con la presencia de elementos de tropa, policías y sindicalistas, justamente cuando el viceministro de Marina del Ministerio de la Defensa Nacional, José Antonio Lemus, dialogaba con los trabajadores para calmar los ánimos. No puedo reproducir textualmente sus palabras porque no las grabé, pero sí el sentido de lo que dijo a los manifestantes.

Les aclaró que la tropa no estaba allí para actuar en forma represiva. Simplemente se trata de que hay que cuidar estas instalaciones que son patrimonio de los guatemaltecos, dijo el alto funcionario militar para justificar la presencia de militares acompañando a las fuerzas civiles de seguridad. Les agregó que el puerto puede sufrir consecuencias por la falta de atención a las embarcaciones y que no se puede permitir que Guatemala soporte rebajas en la calificación porque eso afecta a todos y daña al patrimonio de los habitantes del país.

En realidad lo mismo que hizo la tropa y que hizo el Viceministro de la Defensa es lo que, en nuestro campo de acción, hacemos quienes cuestionamos el secreto y la maña con que se manejó el negocio del usufructo a favor de la empresa española. Estamos cuidando el patrimonio nacional que ha sido tantas veces piñatizado sin que nadie resulte después responsable de las arbitrariedades cometidas para trasladar a particulares derechos reales sobre bienes de la Nación. Ojalá hubiera más gente con ese interés por cuidar el patrimonio de los guatemaltecos, porque lo que vemos en términos generales es desinterés y descuido que permiten ese tipo de argucias.

Está demostrado que el Interventor fabricó la norma para facilitar el negocio y las explicaciones y burdos argumentos esgrimidos por él bajo el alero de la Empresa Portuaria Quetzal en campos pagados y de su abogada Olga Pivaral Alejos, prima del exministro de Comunicaciones de Álvaro Colom y familiar de los otros Alejos prominentes en ese gobierno, no resuelven el problema del silencio y secretismo con que se manejó la operación.

Hoy en día llueven informaciones sobre negocios previos con el Estado y la Municipalidad de Guatemala en los que han participado los fundadores del “bufete con más experiencia en contratos públicos”, según blasonan en su página de internet, afirmación que no es exagerada porque para donde uno voltea a ver en términos de negocios con el Estado, aparece la figura de la firma jurídica de marras.

Nos volvemos a confirmar lo funesto que es para Guatemala el sistema de financiamiento de las campañas políticas, porque es obvio que estamos frente al correspondiente pago de favores y de compromisos adquiridos a lo largo de los meses de proselitismo. Es la única explicación lógica para entender que un gobierno se juegue en la forma en que éste lo está haciendo a pesar de las críticas fundadas de prácticamente todos los sectores de la opinión pública.

No hay oposición a que se haga la ampliación del puerto con participación de capital privado. Lo que no se vale es violentar el proceso para hacerlo con dedicatoria tan evidente, marcada y descarada, pero ya sabemos que existen compromisos que se vuelven ineludibles y lo peor es que no son sólo de este gobierno, sino que forman parte del sistema político nuestro y por lo tanto somos un país condenado a estar para siempre al servicio de esos intereses que terminan siendo dominantes y pasan sobre el interés nacional.

Al señor Viceministro de la Defensa que acudió ayer al Puerto sólo hay que recordarle que la defensa del patrimonio de los guatemaltecos es fundamental, pero que quienes más lo ponen en peligro no son los manifestantes sino quienes piñatizan los bienes públicos.