Ayer el presidente Otto Pérez Molina dijo que “no podemos hacer algo ilegal; el gobierno no debe disponer de los recursos de los guatemaltecos para darles la indemnización a ellos (los damnificados por Chixoy); así como les podría dar a ellos, le podría dar a cualquiera que yo disponga que hay que resarcirlo por algún motivo”, agregando que tiene que ser el Congreso el que autorice montos mediante una ley específica.

Se refiere el Presidente al compromiso que suscribió en nombre del Estado de Guatemala el presidente Álvaro Colom cuando dispuso la reparación de daños por una suma de 1,200 millones de quetzales, acto que el gobierno actual considera ilegal porque se excedió de las facultades del Presidente de la República al comprometer recursos nacionales sin que el Congreso decidiera la asignación correspondiente de conformidad con la Constitución.
 
 Si lo que dice el Presidente es cierto, hay obligación ética y moral de dejar sin efecto todos los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se han suscrito con los empleados públicos y suscritos por funcionarios del Organismo Ejecutivo. Esos pactos colectivos comprometen los recursos del Estado a perpetuidad y en forma progresiva, de manera que llegará el momento en el que todos los ingresos ordinarios producto de los impuestos sean insuficientes para honrar esos pactos colectivos porque anualmente se tienen que operar incrementos significativos que no están amparados por una decisión legislativa y el Presupuesto General de la Nación, que por mandato constitucional debe ser aprobado exclusivamente por el Congreso, se ve condicionado por decisiones ejecutivas cuando se firman pactos colectivos.
 
 Personalmente considero que es más arbitraria la negociación y componenda entre un ministro y un dirigente sindical, como pasó con el magisterio, que un acuerdo con personas que sufrieron un perjuicio por una acción del Estado como fue la construcción de una represa que despojó de sus tierras y comunidades a centenares de personas que ni siquiera tuvieron acceso a la electricidad.
 
 El Ministerio de Finanzas, dentro de su política de contención del gasto, planteó una circular que se refería precisamente a los pactos colectivos de condiciones de trabajo con los servidores públicos, puesto que los técnicos entienden que el carácter progresivo de los beneficios laborales, sin que los ingresos fiscales puedan crecer en la misma proporción, lleva al país a una situación que puede ser de insolvencia.
 
 En Europa la crisis económica obligó a muchos países a revisar sus políticas de beneficios sociales porque se llegó a un punto en que eran insostenibles por la falta de ingresos para cubrir las obligaciones contraídas políticamente.
 
 Yo creo que la dignificación del trabajador público es importante, pero también creo en una burocracia y un empleado público más eficiente, comprometido con su responsabilidad y no simplemente sacando raja. No puede ser que mientras nuestro sistema educativo va como el cangrejo, agravándose cada día su deterioro y cayendo el rendimiento, el Estado haga una componenda para aplacar a una dirigencia voraz que se embolsa, cada vez que hay aumento, varios millones.
 
 Si a los de Chixoy se les aplica la ley y la prudencia financiera, cuánto más ante los abusos de funcionarios irresponsables que firman pactos colectivos que nos llevarán a la quiebra.