Pago de deuda flotante con Bonos del Tesoro es ilegal, dice experto


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El Gobierno de Guatemala planea pagar parte de la deuda flotante por medio de la emisión de bonos del tesoro, por al menos Q3 mil 500 millones. Sin embargo, aún se desconoce con cuáles empresas se saldaría la cuenta y si las medidas son las idóneas para cancelar las obligaciones, que analistas consideran ilegales.

POR LUIS ARÉVALO
larevalo@lahora.com.gt

Las primeras intenciones de cumplir con saldar las cuentas con los constructores a quienes se les adeudan pagos por los proyectos construidos y supuestamente ya auditados por el gobierno salieron a luz pública en marzo, cuando el presidente Otto Pérez Molina inauguraba una feria de temática en construcción en el Parque de la Industria.

Ese día, en su discurso, el mandatario dijo a los presentes, constructores y empresarios en su mayoría, estar convencido de que las obras ejecutadas completamente se honrarían, pues “es un compromiso de gobierno y tenemos que buscar los recursos para hacerlo”, agregó. También dijo que los responsables de malos manejos en el Ministerio de Comunicaciones serían denunciados.

Sin embargo, la información que hasta el momento se tiene sobre cómo se pagará la deuda flotante depurada por este gobierno es que según el Presidente de la República en entrevista reciente con La Hora, “no se puede sencillamente decir que –esa deuda- es del gobierno anterior y nosotros no la vamos a pagar”, pues además, las entidades con las que se tienen cuentas pendientes “son empresas serias, grandes y que siguen trabajando con el actual gobierno. Así que vamos honrar esa deuda”.

Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda también en entrevista con este medio, comentó que la fracción de la deuda que se estima saldar, cumple con los requisitos legales y técnicos para solventarla, por lo que la forma en que se planea pagar consistiría en emitir deuda pública, por medio de bonos del tesoro, que supuestamente no afectarían las cuentas fiscales y cuya iniciativa estaría por presentarse al Congreso de la República a través del Ministerio de Finanzas.

CÓMO SE TOMÓ LA DECISIÓN
A finales del año pasado, ni el gobierno conocía la cifra oficial de la deuda flotante, por lo que en su momento, la actual administración dijo que se llevarían unos tres meses en auditorías para dilucidar la situación. “Finalmente, lo que logramos es que la obra que estuviera terminada, que hubiera cumplido con la calidad y requisitos que estaban en el contrato, esa deuda el Estado tiene la obligación de honrarla”, dijo Pérez Molina en la entrevista citada.
 
NO ES LEGAL, PERO PASARÁ
La deuda flotante “es una constante y es un problema de origen”, dijo Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), pues la Ley Orgánica del Presupuesto según cierta parte de la Constitución “el acumular deuda flotante, en la mayoría de los casos, es algo completamente ilegal” y al acumular grandes montos, el problema se vuelve político.

Debido a que el problema se trata sin criterios técnicos, “como es costumbre en Guatemala, se están resolviendo las cosas con criterios políticos y no apegados a legalidad”. Incluso el grupo de economistas conocido como “G-40”, del que Maúl es parte, habría demostrado desde comienzos de año la improcedencia de reconocer esa deuda.

“No me extrañaría que la Junta Monetaria actuara de manera política, porque no es un ente independiente ni autónomo sino es un ente controlado por el Organismo Ejecutivo”, destacó el experto, quien tampoco descarta que al finalizar el gobierno de Pérez Molina también se deje una parte de deuda flotante, como lo han hecho recurrente las administraciones anteriores.

Se intentó comunicación con el Ministro de Comunicaciones, para conocer nombres de contratistas a quienes se pagará con bonos, pero su equipo informó que estaba en una reunión; también con el presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, Edgar Barquín, para conocer el proceso que se llevará para estudiar técnicamente la procedencia o no de la emisión de bonos para saldar deuda flotante y con la Cámara Guatemalteca de la Construcción que reclama el pago de la deuda, pero estos últimos no respondieron las llamadas.