Hemeroteca – La Hora

A decir de Rafael Espada, vicepresidente de Guatemala, son las autoridades quienes deben investigar y decidir sobre la participación de quienes integraban la lí­nea de mando en el caso de Pérez Paniagua.

Un «histórico» Gabinete de Gobierno será efectuado esta tarde para tratar el tema de la reforma fiscal.

Eduardo Cojulún, juez Undécimo de Primera Instancia Penal enviará a España dos de los cuatro planes militares contrainsurgentes que Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional española solicitó a Guatemala.

Eddy Morales, director del Sistema Penitenciario (SP), informó esta mañana que en 2009 se ha identificado por lo menos 27 casos del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en las diferentes cárceles del paí­s, además afirma que existe un subregistro de entre 200 y 300 personas afectadas.

Activistas en derechos humanos explicaron que el área rural continúa como el área de mayor exclusión a la diversidad sexual. Critican que se les limita el acceso a salud, trabajo y servicios básicos, además denuncian agresiones fí­sicas y psicológicas por grupos homofóbicos.

La violencia en Guatemala ha dejado hasta ahora un saldo de 600 féminas muertas y un promedio de 17 muertes violentas diarias. También, cuatro niños mueren mensualmente a causa de balas perdidas. En 2008 fueron 98 las niñas y adolescentes asesinadas.

La comunidad de Villa Canales rindió un homenaje póstumo a Royston Cucs, jefe de la Policí­a Municipal de Tránsito de esa localidad, quien fue muerto en un acto de violencia el pasado fin de semana.

El gobierno francés propuso medidas «disuasivas» para que los paraí­sos fiscales en paí­ses que están en la «lista gris» de la OCDE, que no integran la UE y no firmaron acuerdos con Francia como Costa Rica, Guatemala y Uruguay, sean menos atractivos a empresas y particulares franceses.

Nadie reclamará la camioneta blindada, de modelo reciente y todoterreno que la Policí­a Nacional Civil decomisó luego de un enfrentamiento entre supuestos narcotraficantes y las fuerzas del Estado, razón por la que el vehí­culo pasarí­a a ser del Estado antes del tiempo establecido.