Hemeroteca – La Hora

La construcción de una política criminal de Estado es la primera acción que Thelma Aldana emprenderá como Fiscal General y jefa del Ministerio Público. El analista Renzo Rosal considera que una acción de este tipo es ineludible en la búsqueda de coordinaciones interinstitucionales, pero más importante es conocer cuáles serán los objetivos.

Ante el nombramiento de Thelma Aldana como Fiscal General, una magistratura quedará vacante en la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la nómina de candidatos del año 2009, el Congreso de la República deberá elegir al abogado que ocupe la vocalía, del siguiente listado:

Según la memoria de labores del año 2013 del Ministerio Público (MP), la gestión de la fiscal general Claudia Paz y Paz logró que en tres años (2011, 2012 y 2013) se emitieran 18 mil 278 condenas en diferentes delitos.

Hace un año el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo emitió la condena de 80 años de prisión en contra de Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y deberes en contra de la humanidad, por la muerte de 1 mil 771 indígenas del área Ixil.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) detalla que en los primeros cuatro meses Guatemala ha elevado el número de embarazos en adolescentes con datos alarmantes, teniendo más impacto en la ciudad capital, Petén, Escuintla, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Quetzaltenango.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor anunció que accionará penalmente ante el Ministerio Público, contra farmacias y droguerías que incurran en la especulación en precios y publicidad engañosa tras denuncias presentadas a la entidad en las últimas semanas de incremento de hasta 50% en el valor de los fármacos.

En la sesión extraordinaria que se realiza durante el receso, entre mayo y junio en el Congreso, podría quedar aprobada la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo, ya que la Comisión de Economía de esa legislación ya tiene un consenso a las enmiendas a dicha normativa.

La Municipalidad de Guatemala presentó 1 mil 500 impugnaciones ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), en contra de igual número de solicitudes que hicieron empresas de telefonía desde el pasado 25 de abril, para la instalación de antenas en espacios públicos y privados sin necesidad de autorización municipal.