Hemeroteca – La Hora

La vicepresidenta del Gobierno y Ministra de presidencia de España, Marí­a Teresa Fernández de la Vega, llega hoy al paí­s en una gira que realiza por naciones de la región.

El Observatorio Electoral, conformado por la Iglesia Católica, la Procuradurí­a de Derechos Humanos (PDH) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) afina los detalles del trabajo de observación que realizarán en las elecciones generales.

A 42 dí­as de celebrarse las elecciones generales el Instituto Centroamericano de Asuntos Polí­ticos (INCEP) estima que los puestos en la intención de voto están definidos, no obstante sugieren que es en esta última etapa que la competencia tiende a subir de temperatura.

La Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH) exige a las entidades encargadas de brindar seguridad que implemente las medidas de prevención necesarias, ante el proceso electoral violento que se está suscitando.

La Defensorí­a de la Mujer de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos (PDH) y el sector de mujeres exigen que se dé mayor atención e investigación a los múltiples asesinatos de féminas, pues hasta hoy suman casi 300 casos.

Un incendio que consumió tres dormitorios y dos vehí­culos dejó pérdidas hasta el momento no calculadas. El incidente se registró en horas de la madrugada en el interior de una vivienda ubicada en la 2ª calle «B» 13-68 zona 6.

Un empresario de origen árabe fue ultimado frente a su negocio ubicado en la 19 calle 2-14 de la zona 1, la primera hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un ataque cometido por algún ex empleado, pero esto se confirmará conforme avancen las investigaciones.

Luego de que el 23 de julio fuera detenido un agente de la División de Investigación Criminal, (DINC), de la Policí­a Nacional Civil, (PNC), Carlos Orellana Aroche, en conexión con el caso Parlacen (Parlamento Centroamericano), este caso ha resurgido cual Fénix de las cenizas.

Pese a contar con los servicios de empresas privadas de seguridad cuyo costo es incluido en los contratos de compra o arrendamiento de viviendas en exclusivos proyectos habitacionales, los habitantes se quejan de ser ví­ctimas de asaltos, robos e incluso secuestros, perpetrados en sus propios domicilios.