Arturo Ignacio Salan Sánchez, el cual enfrentaba procesos legales por presunto fraude al Estado, por supuesta malversación en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) pagó una fianza de 7 millones el pasado jueves, acción que le permitiría recuperar su libertad.
El Tribunal de Sentencia fijó como plazo hoy para conocer dicho proceso. Sin embargo su abogado defensor, Francisco García Gudiel planea presentar una exhibición personal por existir una posible «detención ilegal», ya que argumenta que desde el pago el Juzgado no ha girado la orden de libertad.