En relación al tema de Belice deseo manifestar que, las razones que considero válidas para que Guatemala no ceje en su reclamación jurídica sobre dicho territorio son, entre algunas las siguientes: de forma retrospectiva: 1) El acto abusivo e ilegal de los funcionarios guatemaltecos Jorge Antonio Serrano Elías y ílvaro Enrique Arzú Irigoyen, en sus calidades de Presidente de la República de Guatemala y Ministro de Relaciones Exteriores, al firmar el documento de «reconocimiento» de Belice como país independiente.
2) La conducta ilegal de los funcionarios guatemaltecos que firmaron las tristemente recordadas «Bases de entendimiento», primer documento en que nuestro país aceptó de forma tácita su reclamo de sólo una parte del territorio beliceño, así como también, aceptó el derecho a utilizar un corredor marítimo como salida hacia el océano Atlántico; esto sucedió durante el Gobierno de Romeo Lucas García.
Los diferentes Gobiernos equipos políticos que ejercieron el Gobierno de la República de Guatemala no tuvieron el valor moral ni civil para reactivar las pláticas relacionadas con el diferendo territorial y de hecho «abandonaron» las pretensiones jurídicas del país sobre Belice; en pocas palabras, la cobardía de los funcionarios chapines fue aprovechada por los ingleses y beliceños para lograr un apoyo político en varios países del mundo, con el pretexto de la «libre determinación de los pueblos».
El «Consejo de Belice» fue un ente integrado por varias personalidades de la vida diaria del país, que durante algunos años funcionó como un «apoyo» al Gobierno para fundamentar de mejor forma la documentación y razones para que Guatemala mantuviera viva su reclamación sobre dicho territorio.
La «Comisión Nacional sobre Belice» también fue un ente que fue creado para que sus integrantes aportaran sus conocimientos profesionales, experiencia diplomática y voluntad en el proceso reivindicador que Guatemala sostenía contra Inglaterra; sin embargo, dicha Comisión remunerada espléndidamente jamás dio sus frutos y sirvió nada más como una caparazón donde algunos ex funcionarios tuvieron la suerte de seguir «trabajando» sin hacer nada positivo para el país.
Reconozco que la libre determinación de los pueblos es fundamental para el desarrollo humano, pero también en necesario entender que el mundo no puede vivir con sociedades anárquicas que se arroguen derechos que nos les pertenecen, fundamentando sus derechos como previos a la resolución del diferendo jurídico existente. La legislación guatemalteca establece un procedimiento para la aceptación o negación de los actos gubernamentales respecto de la reclamación sobre el territorio de Belice; y en todo caso, ¿por qué no se ha hecho la consulta popular? ¿Qué intereses hay en todo eso? ¿Se deducirán las responsabilidades penales por la comisión del delito de traición a la Patria?