Según la denuncia que ayer hizo la diputada Nineth Montenegro, en la compra de fertilizantes realizada en forma directa se aceptó un sobreprecio de más de Q60 millones con respecto a los valores que fueron ofertados en la licitación que el Ministerio de Agricultura dejó sin efecto por problemas de tiempo para el suministro de ese insumo que tiene que estar en manos de los agricultores justamente para la siembra. Lástima que la diputada no haya hecho el mismo ejercicio con las medicinas debido a sus nuevas alianzas políticas.

El Ministro insiste en que todo fue transparente, pero la comparación de lo que ofrecieron en la licitación de principios de año con lo que cobraron cuando la compra fue directa es lapidaria. Puede ser que el Ministro esté en lo correcto al decir que se hicieron las cosas correctamente, es decir, sin que él recibiera ninguna mordida, pero lo que el ingeniero Medina tiene que saber es que está administrando algo peor que un casino y que no puede meter las manos al fuego por nadie que haya participado en anteriores negociaciones relacionadas con la compra de fertilizantes.
 
 El caso es que se trata de otro negocio del Estado y que en Guatemala TODOS los negocios del Estado tienen cola y se manosean para que alguien salga beneficiado. El sistema, desafortunadamente, no está hecho para privilegiar la transparencia y asegurar el buen uso de los recursos, sino que fue diseñado y se mantiene precisamente para que los largos hagan lo que les viene en gana con la más absoluta certeza de impunidad porque aquí el que roba dinero público no es considerado delincuente sino una persona hábil y chispuda.
 
 Pendejo es el que llega a un puesto público y no se arma hasta los dientes con el dinero de los contribuyentes porque damos por sentado que así es como funcionan y deben funcionar las cosas. Imaginar que un funcionario haga alguna compra sin que se pacte y cobre el modesto diez por ciento de comisión es algo impensable en el marco de nuestro modelo de gestión pública porque para eso es que tenemos una Contraloría que no sirve para nada, contratos abiertos y leyes que encubren la corrupción y mecanismos que sirven para borrar huellas y taparle el ojo al macho.
 
 Cuando resulta que alguien acucioso indaga y establece que en medicamentos y fertilizantes, por ejemplo, se están vendiendo los bienes con sobreprecio, siempre hay una excusa que cae como anillo al dedo o una explicación que apaga el escándalo. Y la opinión pública no se conmueve ya con los señalamientos porque todos sabemos que al final de cuentas, nada impedirá el trinquete y que por más que se grite la denuncia, la misma no pasará de ocupar espacios en los medios por un par de días, hasta que otro clavo atraiga la volátil atención de una ciudadanía que no ha aprendido a jugar su papel ni entiende lo que es la auditoría social.
 
 ¿Puede usted imaginar que porque cambió el gobierno los mismos proveedores de siempre mágicamente se convirtieron en honorables empresarios que no exprimirán al erario? Mamolas, decía mi abuelo y es absolutamente cierto. Estamos frente a gallinas que se han comido siempre el huevo y a las que no inmuta que les traten de quemar el pico con noticias que por dos días los evidencian como avorazados sinvergüenzas que se enriquecen con cualquier negocio público.
 
 Mientras no entendamos que el problema es verdaderamente estructural porque la estructura toda del Estado está al servicio de la corrupción, todo el cacareo sobre la transparencia serán puras babosadas. No puede haber transparencia cuando se siguen alentando los contratos abiertos, las compras de emergencia, las licitaciones amañadas, los fideicomisos y las concesiones con dedicatoria. Todos esos son vicios de todos los días que no detectan ni la Contraloría ni las secretarías de transparencia.