Ante la ligereza de apreciaciones que se dan hoy dí­a, debo aclarar que a los citados encartados solo los conozco por referencia, como que el teclado de la computadora con la cual estoy escribiendo el presente comentario (antes decí­amos pluma) no está a la disposición del mejor postor y que, como uno más de tantos observadores imparciales que todaví­a hay en el paí­s, preferimos no dejarnos llevar de la primera impresión. Volviendo al tema de fondo me pregunto: ¿qué dirá el doctor Castresana, fiel luchador para que la impunidad se acabara en Guatemala, cuando se haya enterado que la semana pasada el fiscal a cargo de delitos administrativos, siguiendo los lineamientos impartidos por sus superiores, requirió del Juez Undécimo del Ramo Penal el desistimiento de la querella presentada contra la señora Sandra Torres de Colom, porque a su muy especial criterio ella no es, ni ha sido funcionaria ni administradora de fondos públicos, por lo que no tení­a obligación de atender las reiterativas invitaciones que le hiciera el Congreso de la República para rendir cuentas sobre el Consejo de Cohesión Social.

¿Será esto cierto?, ¿acaso no se publicó oportunamente en el Diario Oficial su nombramiento?, ¿qué chapí­n desconoce su dirección ejecutiva, coordinación y tantos discursos pronunciados aprovechándose de su condición? De aquí­ parte el señalamiento de que triste y lamentablemente la falta de coherencia resalta más en los personajes públicos, de donde también nace la mala fama con que cuentan por lo que, como que aunque venga al paí­s el mejor de los fiscales del mundo a querer combatir la impunidad, mientras el mismo Presidente y sus familiares, incoherentemente con lo que propugnan, sigan sin respetar la ley, como el debido proceso, ¿quién va a confiar en la justicia y no temblarí­a antes de entregarse a los tribunales, sabiendo de antemano que la culpabilidad ya está sentenciada sin haber sido oí­do y vencido en juicio?