Como si no tuviéramos suficientes problemas en lo que respecta a la contaminación ambiental provocada por la explotación de minas, podría sobrevenir otro conflicto que alcanzaría graves dimensiones, porque afecta los intereses de un país vecino, siempre en lo que atañe a actividades mineras.
Declaraciones de personeros del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), que tiene su sede en Santiago de Chile, citadas por la periodista Daniela Estrada, de la agencia de noticias IPS, confirman que una de las particularidades de la actividad minera es la «expansión hacia zonas tradicionalmente no tocadas, donde se impedía el ingreso por razones geopolíticas o de seguridad nacional, como las fronteras de los países». El OLCA fue uno de los organizadores del primer tribunal ético contra la minería, que se realizó a finales del mes anterior en la capital chilena, habiéndose analizado proyectos de Argentina y Chile, Ecuador y Perú, Bolivia y Brasil, Guatemala y El Salvador, Guatemala y México, y Costa Rica y Nicaragua.
En lo que a nosotros concierne, se trajo a cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 20 de mayo solicitó al gobierno guatemalteco suspender la explotación de oro y plata de la mina Marlin, en el municipio marquense San Miguel Ixtahuacán, en las cercanías de la frontera con México. Sin embargo, la empresa Montana Explotadora, subsidiaria de una compañía canadiense, acusada de contaminar varios ríos, continúa operando la mina, porque el régimen del presidente Colom se hace de la vista gorda, pese a los múltiples reclamos de organizaciones ambientalistas y denuncias de las comunidades adyacentes a la mina, cuyos habitantes han expuesto con evidencias y testimonios que son víctimas de contaminaciones patológicas.
Mientras tanto, otra filial de la misma corporación canadiense, ésta denominada Entre Mares, está a cargo del proyecto Cerro Blanco en Jutiapa, limítrofe con El Salvador, y al que se oponen grupos sociales de los dos países, según el periodista guatemalteco Danilo Valladares, también corresponsal de IPS, mientras que el experto Rafael Maldonado, asesor del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, CALAS, advirtió que existe el riesgo de un conflicto político binacional porque el gobierno de El Salvador cuenta con los argumentos legales para asegurar que se violan los derechos humanos de la población salvadoreña cercana al proyecto Entre Mares, a causa de la contaminación del río Lempa y el lago Gí¼ija, ubicados entre la frontera de ambos países y que surten de agua a los salvadoreños de su región occidental.
En pocas palabras, el gobierno de Guatemala se niega a aceptar el planteamiento de la CIDH, en cuanto cerrar la mina Marlin, y se abre otro frente al permitir las operaciones del proyecto minero Entre Mares, que contaminará a los guatemaltecos de Jutiapa y municipios cercanos.
(Sentido pésame a mi amigo Jorge Mario Barrera -extensivo a su padre, su esposa, hijas y hermana- por el fallecimiento de su amada madre, doña María Teresa Mejía de Barrera).