A pesar de una intensa lucha porque se aprobara el Presupuesto 2010, el Ejecutivo se quedó sólo con el deseo de evitar el agujero fiscal que se prevé. Sin embargo, la propuesta de una reforma fiscal representa nuevas esperanzas para solucionar este problema.
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Para nadie es un secreto que esta propuesta para reestructurar los ingresos del Estado ha causado malestar en diversos sectores, sobre todo a raíz de que se crearía un nuevo gravamen enfocado hacia la telefonía celular, el que, a pesar de los deseos del Gobierno de que suceda lo contrario, los empresarios de este gremio ya han declarado que el impuesto será absorbido por los usuarios.
En su columna del 30 de noviembre de este año, el licenciado Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, (Cien), señala que tanto las compañías de telefonía como las bancarias, se encuentren «siempre» en la mira de los principales asesores del Gobierno.
Esto puede argumentarse con el hecho de que, en el año 2007, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), presentara su propuesta para una «Reforma Tributaria Integral para un futuro con paz y desarrollo». El ahora asesor presidencial en temas económicos, Carlos Barreda, pertenecía en ese entonces a esa entidad.
En la propuesta presentada por CIIDH se incluyen los incrementos a los impuestos directos y a la telefonía celular, pero, además se planteaba una serie de procedimientos para garantizar la transparencia y evitar la defraudación fiscal.
Por ello, pareciera que la reforma tributaria que es requerida para incrementar los ingresos del Estado ha sido tomada de esta propuesta, pero dejando de lado los temas de transparencia y defraudación.
Al ser consultado por Diario La Hora, Hugo Maúl explica al respecto que «Hace un tiempo el CIIDH hizo una propuesta de reforma, donde se hablaba de poner impuesto a los celulares, a los cheques y aumentar la tasa del ISO, y ahora resulta que el Gobierno decidió irse por esa vía».
CONTINíšA EL RECHAZO
Ahora es cuestión del Congreso de la República aprobar o no este nuevo «ajuste fiscal», como ha sido denominada recientemente por el Gobierno dicha propuesta.
Esto, en medio de campañas mediáticas que dejan ver la negativa de la población hacia la posibilidad de pagar un nuevo impuesto. Por otro lado, se escuchan declaraciones de los miembros del Ejecutivo, quienes indican que de no ser aprobada se perjudicaría principalmente a las carteras de Educación y Salud, poniendo en riesgo la política de gratuidad.
La opinión del analista de CIEN es que, a pesar de que ya se tiene una propuesta clara, «más que pretender un aumento en los impuestos, lo que habría que buscar es la eficiencia y priorización en el gasto público», esto, en base al contexto económico actual en el que se encuentra el país.
Además, el experto señala que, de aumentar los impuestos se corren riesgos «muy grandes», pues el país se encuentra en una situación vulnerable como para pretender incrementar los impuestos, «sobre todo porque al final las empresas terminan trasladándolos al consumidor».
Maúl continúa diciendo que, «en el caso de Guatemala siempre la excusa es que se requieren más y más impuestos y no se ha hecho un listado de las prioridades y necesidades para establecer a cuánto sube la factura; no se trata solamente de gastar y hacerlo sin eficiencia y sin efectividad, sino hacer el gasto en busca de metas y necesidades y de la manera más eficientemente posible», señala el experto.
OTRAS OPCIONES
A pesar de que no existe una contrapropuesta a la reforma fiscal presentada por el Ejecutivo, el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES) ha realizado algunas recomendaciones para combatir la crisis económica que se vive y probablemente se incremente el próximo año.
Esta propuesta está dirigida específicamente al Gobierno guatemalteco y presenta acciones que «deben ser impulsadas y realizadas inmediatamente». Allí se incluye; Respetar los derechos individuales de los trabajadores, pues indican que el trabajador debe tener libertad para cambiar fácilmente de trabajo y acceder a puestos que le rindan mayores ingresos y donde su potencial aporte más al país.
Además, se habla de devolver los ahorros a los trabajadores dándoles la libertad para que puedan escoger dónde y cómo asegurar su salud, qué fondo de pensiones contratar, cuánto ahorrar y dónde hacerlo.
También, según la perspectiva de CEES, se debe incentivar la creación de empresas, creando más y mejores oportunidades de trabajo, para que la población obtenga mayores ingresos reales, así como eliminar el ISR para atraer capital nacional y extranjero, además de simplificar los procedimientos para pagar los impuestos y bajar las tasas impositivas de los que permanezcan vigentes.
Una última recomendación es mantener la apertura comercial y simplificar los trámites relacionados con el comercio exterior, para beneficiar al consumidor guatemalteco.
El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos había propuesto en 2007, un documento titulado «Reforma Tributaria Integral para un futuro con paz y desarrollo», desarrollada por Carlos Barreda, entonces analista económico y hoy día uno de los principales asesores del Gobierno de ílvaro Colom.
Parte de la propuesta original de CIIDH ha sido retomada por la actual propuesta del Gobierno de «ajuste fiscal»; sin embargo, las sugerencias de Barreda eran más ambiciosas hace dos años y medio. Entre las principales propuestas están:
Aumentar la carga impositiva del 9.90 (calculada en 2005) al 12 por ciento, incrementando básicamente el ISR y un impuesto mínimo de apoyo al ISR.
Asimismo, revisar los impuestos indirectos del IVA, doméstico, importaciones, derechos arancelarios, timbres fiscales, petróleo, distribución de bebidas, tabaco, cemento, regalías petroleras, circulación de vehículos, pasajes aéreos y salidas del país.
Crear los impuestos a las transacciones financieras, a la telefonía móvil y a la hotelería.
Eficientar el cobro de los impuestos
Persecución y combatir el incumplimiento tributario.
Según Maúl, existen opciones para incrementar la recaudación fiscal, en vez de simplemente aumentar la carga impositiva y crear impuestos.
Combatir la crisis económica, porque ésta podría agravarse.
Diversificar las opciones para fondos de pensiones.
Incentivar la creación de empresas.
Crear mejores oportunidades de trabajo.
Eliminar el ISR.
Simplificar los procedimientos para pagar impuestos.
Mantener la apertura comercial internacional y simplificar los trámites del comercio exterior.
Hugo Maúl
Analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.