Como era de esperarse, muchos guatemaltecos nos encontramos profundamente tristes por el accidente sucedido en la ruta que conduce de Chimaltenango a San Martín Jilotepeque. Cuarenta y tres vidas humanas se perdieron y algunas personas más permanecen en situación delicada en hospitales nacionales. Se ha hablado muchísimo en los últimos dos días de las responsabilidades del piloto y los empresarios dueños del transporte. También se ha hablado del valor de las vidas perdidas establecido en un ingrato decreto en tiempos del FRG. Lo que nadie cuestiona o se atreve a cuestionar es la relación de un mercado cerrado de transporte público con hechos lamentables de violencia, percances o servicios de pésima calidad.

Es lamentable que después de tantos percances que han cobrado la vida de tantos usuarios, un tremendo lastre de lesiones y agresiones físicas y un servicio que llora sangre, lo primero que se nos ocurra es pedir más regulación al respecto cuando es precisamente la regulación la que hace que el negocio del transporte de personas en cualquier medio sea uno que no presta servicios que satisfagan la demanda del consumidor.  Ciertamente es la regulación la que controla los precios, la que causa la sobrecarga de unidades, la que convierte el marco reglamentario en una ratonera de mordidas y chantajes, la que cierra filas entre los camioneteros autorizados actuales, la que designa rutas e impide la competencia entre prestadores del servicio.  En este país el transportista que tiene una ruta asignada es capaz de matar para aferrarse al privilegio. 

De acuerdo a las últimas notas de prensa, la regulación funcionó adecuadamente esta vez; el piloto tenía licencia vigente y el autobús pasó sin problemas la revisión que los reglamentos estipulan.  La causa del accidente fue probablemente el exceso de velocidad y la sobrecarga de la unidad.  La responsabilidad del piloto y el dueño de la unidad es, si así lo determina la autoridad judicial, inexcusable y deben de pagar por los daños y perjuicios causados a los pasajeros heridos y a los deudos de los fallecidos.

Accidentes sucederán siempre pero las causas pueden ser perfectamente reducidas y controladas con una operación responsable.  Ahora bien, es difícil tener una operación responsable si no existe la libre contratación del servicio por parte del usuario porque la tendencia del empresario será por naturaleza abusar del privilegio que se le otorga a costillas de los usuarios.  Abrir las rutas al mercado de libre competencia traería como resultado un servicio de mejor calidad y con mayor eficiencia. Eso mismo pasó hace años cuando el mercado de los TAXIS se liberó, aunque no del todo, y hoy en día podemos encontrar TAXIS y taxistas de todo tipo, con una amplia gama de  precios, en vehículos nuevos, en vehículos ya deteriorados pero trabajando por hacerse de un pedazo del mercado que les permita trabajar y sobrevivir tanto a empresarios como a usuarios.  El peso político que tienen los cambios o sucesos del transporte no está basado en el interés de los usuarios sino más bien se determinan por los negocios entre “empresarios” y autoridades.   Esas cuotas de poder mantienen preso al sistema de transporte y nos dejan sin alternativas para tomar mejores decisiones.  El guatemalteco sube al bus que le toca y no al que selecciona, mucho menos al que desea.

¿Por qué no podemos pensar en nuevas formas de hacer transporte? ¿Por qué habríamos de seguir haciendo exactamente lo mismo y pagando exactamente lo mismo por el transporte?

El mercado demanda más y mejor servicio de transporte, prueba de ello es el notable aumento de taxis y tuc tucs en los últimos años.  Piénselo, ¿qué tal nos caería una desregulación del sistema de transporte?