Ha transcurrido más de una semana desde el golpe de Estado propinado por el Congreso Nacional de Honduras y quien fuera hasta el domingo 28 de junio pasado, el Presidente de este Organismo de Estado. De nuevo se ha puesto de relieve que la negación a la institucionalidad sigue siendo una tentación que alientan los poseedores del pensamiento más oscuro de nuestras sociedades. De nuevo, la fragilidad con la que solemos encarar el vacío causado por una ausente profesionalización en el desempeño de lo público se vuelve a manifestar.
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Allá como aquí, se mantiene una constante conjugación entre lo que debiera ser, lo que se nos impone, bajo normas o conductas generalmente aceptadas y la pura y llana realidad. El caso es que lo público se manifiesta en un contradictorio desempeño entre estas tres esferas, que nos hacen caer víctimas de un círculo viciado y vicioso. La intolerancia se enseñorea y la ingobernabilidad se ha acentuado.
La serie de prejuicios que se expresan alrededor del desenvolvimiento del quehacer público o peyorativamente denominado burocrático, ocasionan un desestímulo para laborar en ese ámbito y en lo privado se enaltecen principios que no necesariamente son congruentes con una visión democrática. Se convive en efecto, pero no necesariamente se valora la democracia como una forma de convivencia que debe ser promovida.
En una sociedad que se desenvuelve bajo la rectoría de una democracia participativa, se privilegia el servicio público y se estimula su profesionalización sobre la base del pleno respeto a la ley y la institucionalidad. En una rápida revisión a la Carta Magna hondureña, es fácil observar que muy probablemente el presidente Zelaya dejó de observar el acatamiento en lo dispuesto en la norma suprema (segundo párrafo del Artículo 4 relativo a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, así como lo dispuesto en el Artículo 42 numeral 5, sobre la no reelección. Pero sin embargo, el Congreso Nacional en pleno, también obvió lo contenido en el artículo 242 que consigna una línea de sucesión que simplemente no fue tomada en cuenta. La justicia y el debido proceso se negó al primero y los segundos también obviaron el respeto a su derecho interno.
Estas negaciones al respeto de la Ley Suprema y propias de un actuar sesgado por intereses espurios es la lamentable lección que se desprende de un conglomerado económico poderoso que se resiste a valorar la democracia, a sus instituciones, a sus servidores públicos. Allá como aquí, se apuesta por la constante improvisación que, repito, nos hace víctimas de una contradicción propiciada por la obcecación de aquellos que se resisten a los procedimientos, a cumplir con los plazos previamente establecidos y a respetar las leyes. Ellos, los golpistas en efecto se han puesto por encima de la ley.
El costo de formar un capital humano responsable, poseedor de mística de trabajo y que valore el servicio público como un medio para alcanzar un estado de bienestar es altísimo. Improvisar funcionarios o imponer mandos medios es propio de una mentalidad autocrática que tiende a promover el caos, incentiva el subdesarrollo y debilita las instituciones. Eso es lo que han promovido los golpistas hondureños.
Cuando se pierde la perspectiva de someterse a la rectoría de las normas y a estimular el trabajo del servicio público con entrega y sobre todo responsabilidad, la sociedad en su conjunto sale perjudicada. Ese es el caso del caos en el que se encuentra sumida la sociedad hondureña. Lo político perdió perspectiva. Los políticos arrastran a los funcionarios a una depredación de principios y valores. El conjunto de servidores públicos se ven arrastrados por la incertidumbre que se generaliza y obstaculiza la misión del Estado. Y el mercado, ese dios enaltecido por el enfermizo individualismo también recibirá su cuota de pérdidas.
Finalmente quiero patentizar mi solidaridad para con el pueblo hondureño y mi profunda preocupación por el devenir de estos acontecimientos nefastos para el futuro inmediato de nuestros vecinos. Dedico esta columna a Fernando Lucero quien habiéndose desempeñado como un laborioso comunicador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses deja esa institución, recién me entero, también víctima de la ceguera de quien la dirige al no valorar el tesón impuesto por aquél, al llevar a la conversación cotidiana la importante labor de peritos y profesionales que con su trabajo han de ayudar a esclarecer la criminalidad imperante. Otra víctima de esas contradicciones propias de la improvisación de funcionarios o directores. Adelante, que nuevos desafíos habrás de superar en breve.