Guatemala vuelve a ser escenario de comportamientos extremos de la población que, desesperada por la falta de seguridad y justicia, decide actuar por su cuenta cuando se siente amenazada o perjudicada por el comportamiento antisocial de algunas personas. Nadie podrá saber a ciencia cierta si las ví­ctimas eran delincuentes porque nunca tuvieron el derecho a defenderse, pero el rumor propagado a toda velocidad entre los pobladores fue suficiente para que se decretara la sentencia a la pena capital en medio del furor de enardecidas multitudes.

Poco se puede agregar a todo lo que se ha dicho en anteriores ocasiones respecto a este salvaje comportamiento de la población y las razones que hay para que ocurran estos hechos lamentables. Porque a lo largo de los últimos años hemos venido juzgando no sólo la actitud de las turbas, sino de los aparatos de seguridad y de las instituciones encargadas de administrar la justicia, entendiendo que las fallas colectivas de esas entidades son las que han provocado esa pérdida absoluta del sentido de la ley y de la proporcionalidad entre el castigo y el daño que lo genera.

La mayorí­a de linchamientos ocurren contra personas acusadas de delitos que no llevan implí­cita la pena de muerte en nuestro código penal, o sea que la gente adopta sanciones mucho más severas y contundentes con la idea de que al enviar un mensaje macabro está alejando la posibilidad de que otros maleantes se acerquen a sus comunidades. Y eso nos convierte en un paí­s doblemente inseguro, porque por un lado tenemos una delincuencia que no teme a las instituciones encargadas de la justicia porque sabe que no operan nunca, y por el otro tenemos a poblaciones que se prostituyen adoptando medidas de violencia que los vuelven criminales a ellos. Y nadie puede sentirse seguro en ese marco de absoluta anarquí­a porque cualquiera puede sufrir las consecuencias de un acto irracional emprendido por turbas que ya no razonan sino que simplemente se dejan llevar por lo que no puede calificarse sino como sed de sangre.

Que conste que no estamos prejuzgando sobre el tipo o carácter de las poblaciones que incurren en esos excesos porque sabemos que lo mismo puede ocurrir en cualquier punto del paí­s y con cualquier grupo de pobladores. Estamos señalando que vivimos en un paí­s donde no hay ley vigente ni para castigar al delincuente ni para proteger al inocente. Nadie puede afirmar fuera de toda duda la responsabilidad de quienes son capturados por la multitud y rápida y sumariamente ejecutados en medio de manifestaciones de salvajismo y nos preocupa que eso pueda reproducirse en otros lados, como ya pasó en meses anteriores. Ojalá que los maestros, las iglesias y la autoridad local hagan ver el error a quienes proceden en forma violenta.