La Hora ha sostenido durante décadas que la única solución efectiva al problema del transporte urbano de pasajeros es la creación de la Empresa Municipal de Transporte que se haga cargo de ese servicio público, imitando el ejemplo de muchísimos lugares del mundo en donde entidades públicas tienen a su cargo esa función esencial. En ese sentido la creación del Transmetro apuntaba a definir una política más coherente a favor del usuario, pero lamentablemente las últimas decisiones conjuntas del Gobierno y la Municipalidad de Guatemala apuntan en otra dirección.
Como si no hubiera sido suficiente el multimillonario subsidio que durante años recibieron los transportistas a cambio de dos condiciones esenciales, mantener el precio del pasaje y mejorar el servicio, ahora se les sirve en bandeja de plata una concesión otorgada en condiciones discutibles y además privilegios que se explican como un aporte a la población usuaria del transporte público, pero que en el fondo benefician a los empresarios. Y resulta que, para variar, el Estado vuelca todo su poder para beneficiar a un grupito que resulta ser uno de los más importantes financistas de la campaña política de las actuales autoridades de gobierno. En otras palabras, aquí no estamos frente a una política que busca el bien común, sino que con ese disfraz se monta toda una operación que tiene la finalidad de beneficiar a los financistas que ayudaron a sufragar gastos de campaña y que ahora, nuevamente, se suben al carro a partir de la exigencia de datos fuera de proporción que apuntan a una maniobra con fines electorales. Aunque algunos creen que la exigencia de datos es para lucrar, lo cual no se descarta, en el fondo hay que ver la íntima relación que hay entre esos datos y las elecciones del año próximo. Estamos en manos de un sistema que secuestró la democracia porque los verdaderos amos del poder son los que financian a los políticos y éstos únicamente son fieles al mandato que reciben de los que permitieron convencer a la población incauta mediante millones invertidos en propaganda. La democracia implica una delegación de la soberanía popular que el pueblo hace para que sus mandatarios cumplan con el mandato derivado de las urnas, pero aquí no hay tales porque el único mandante en toda la relación no es el pueblo, sino el financista que supo apostar a caballo ganador e históricamente los gobiernos son del financista, para el financista y por el financista. Tal es la farsa de lo que aquí conocemos como democracia y por enésima vez se demuestra que el poder no opera en búsqueda del bien común.