Nuevamente la institución encargada de brindar seguridad a la población vuelve a ponerse en el ojo del huracán: abuso de autoridad, vinculación a actos de vandalismo, violación a los derechos humanos y la debilidad de esta institución van en detrimento a la imagen de la Policía Nacional Civil.
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En lo que va del año, son varios los delitos en que la Policía se ha visto involucrada, afectando su imagen. Uno de ellos ?quizá el principal-, es la infiltración de grupos vinculados al crimen organizado y narcotráfico.
La mirada internacional se posó sobre el país en febrero de este año, cuando cuatro ciudadanos salvadoreños, tres de ellos diputados al Parlamento Centroamericano fueran asesinados por supuestos sicarios.
Las investigaciones llevaron a pintar con brocha roja las filas policiales, cuando se vinculó en el crimen a una célula de la División de Investigación Criminal, Dinc, capturando a cuatro policías sospechosos.
En continuación a las mismas pesquisas se determinó que los agentes habrían servido como un brazo criminal de un grupo de narcotraficantes, quienes para borrar cualquier huella que llevara a sus cabezas, pagaron para que los policías sospechosos fueran ejecutados dentro de la cárcel de El Boquerón.
Este casó fue el detonante para que las autoridades gubernamentales relevaran los altos cargos en las instituciones de seguridad. Carlos Vielmann y Erwin Sperisen fueron destituidos para calmar los ánimos de la población que exigía explicación de lo ocurrido.
Al despacho de Gobernación fue llevada Adela de Torrebiarte y Julio Hernández Chávez a la silla ocupada por Sperisen. Aunado a la renovación de autoridades se inició un proceso de depuración en las filas policiales para evitar situaciones similares.
Cuando las aguas se habían calmado. Un nuevo caso estremece a la PNC: nuevamente el sicariato había seducido a los policías. La muerte de los cinco jóvenes del barrio El Gallito, ocurrida en los últimos días, dio claros indicios que estos fueron ejecutados por agentes policiacos.
Dos de los sospechos se encuentran detenidos, mientras que el MP todavía está en busca de más datos para poder esclarecer este hecho.
Para bajar los zumos a las exigencias de explicación, se utilizó la misma estrategia: la destitución. Adela de Torrebiarte le pidió la renuncia a Hernández Chávez y en su lugar nombró al comisario Isabel Mendoza.
Ejecuciones, secuestros y narcotráfico
Dentro de las acciones criminales, las ejecuciones extrajudiciales son las que han cobrado mayor relevancia, siendo el caso del oficial segundo Alfredo Macario Mazariegos, alias «el Chocolatón», quien fuera vinculado a asesinatos por encargo; este fue destituido de la Policía cuando una mujer se atrevió a denunciarlo como uno de los responsables del secuestro y muerte de su marido.
Según las indagaciones internas que realizó la PNC, Mazariegos era contratado para cometer ejecuciones extrajudiciales y trabajar al servicio del crimen organizado, por lo que se le impuso la pena de seis años de cárcel por abuso de autoridad. Y debido a que la única testigo que se atrevió a denunciarlo y a declarar en su contra fue asesinada, a Mazariegos no se le acusó de ese crimen.
Otros de los casos que también han menoscabado la reputación de la Policía son la detención de «la Banda del Comisario», dirigida por el subcomisario Rudy Girón Lima, quien se dedicaba al secuestro, extorsión y plagio, y la captura en Estados Unidos del comisario Adán Castillo y dos jefes policíacos, a quienes se les vincula con redes del narcotráfico, quienes ejercían los cargos de jefes del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica.
Opiniones
Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, comenta: «Estas situaciones son indignantes e intolerables para el país, debido a que estos hechos criminales colocan a la institución de la PNC como responsable de la seguridad y el orden público en una situación de penetración criminal que no ha dejado de existir, por lo que hasta ahora es notable que el Estado no tiene la capacidad de poder evitarlo, o simplemente no realiza esfuerzos para cambiar significativamente esta realidad institucional».
Mientras que Yolanda Pérez, ex presidenta del Colegio de Abogados, dice: «La investigación de estos hechos deben realizarse a fondo, debido a que esto pone en evidencia nuevamente la falsedad de las declaraciones ministeriales, respecto al proceso de depuración de la PNC, y establece de nuevo que las fuerzas encargadas de brindar seguridad a la población guatemalteca, tienen nexos con el crimen organizado».