El 4 de septiembre de 2008, sujetos no identificados dispararon 16 impactos de bala calibre .40 en contra de la humanidad del conocido ambientalista Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal/Ambiental y Social (CALAS), siete de las cuales lo hirieron gravemente, pero salvó la vida al haber sido atendido de inmediato por personas que pidieron pronto auxilio a los cuerpos de socorro.

Durante 68 días el doctor Melini estuvo hospitalizado y como consecuencia del ataque criminal perdió un pulmón, metro y medio del intestino delgado y quedó  lesionado de la pierna izquierda porque un proyectil se incrustó en la arteria femoral. Debe consumir medicamentos para el resto de sus días y enfrenta limitaciones para desplazarse, pero afortunadamente no está inmovilizado, como se encuentra su expediente en el Ministerio Público, aunque se dedujo que la agresión provino de sicarios contratados por cierta empresa dedicada a la exploración y explotación de recursos naturales que era objeto de señalamientos de parte de CALAS.

 Han transcurrido 4 años de ese suceso y no se ha avanzado en las investigaciones; pero, en contraste, el juez de Paz de San Rafael Las Flores resolvió sin dilación darle trámite a una denuncia presentada por individuos que, al parecer, trabajan en una empresa que pretende la explotación de minerales metálicos en ese municipio del departamento de San Rosa, en contra de Melini, la abogada Andrea Marcilia Hernández y tres dirigentes del Comité de Defensa de la Vida y la Paz de aquella comunidad, sindicados de los delitos de violencia contra la mujer y amenazas.
 
Conforme un comunicado de CALAS, el doctor Melini, juntamente con su asesora jurídica y los señores Rudy Antonio Pivaral, Óscar Roderico Morales y Gustavo Martínez López son víctimas de criminalización y acciones judiciales porque promueven la realización de una consulta popular de vecinos de San Rafael Las Flores, para que decidan libre, espontánea y democráticamente si están o no de acuerdo con la instalación, desarrollo u operación de un proyecto industrial de minería química de metales, de parte de una compañía que, en abierta ilegalidad, ya ha construido una planta industrial, sin contar con la indispensable licencia.
 
Al atender la solicitud del citado comité, CALAS brindó su apoyo y denunció penalmente a la empresa minera porque está contaminando el arroyo El Escobal,  de uso colectivo de aquel municipio, y en represalia se ha planteado una querella que CALAS califica de  “ser ilegal, espuria y antiética, vulnerando el derecho a la justicia, al debido proceso y a la presunción de inocencia” y ante ello iniciará acciones legales en la Procuraduría de los Derechos Humanos, el MP, la Supervisión de Tribunales del Organismo Judicial, la Oficina en Guatemala de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
 
 ¿Hasta dónde llegará la sordidez en la administración de justicia en Guatemala?   
 
(El ecologista Romualdo Tishudo cita a Napoleón Bonaparte: –Hay calumnias frente a las cuales la inocencia misma se siente desfallecer–).