Nuevamente los hondureños viven los efectos del enfrentamiento político entre los militantes de los partidos tradicionales que no se cansan de provocar agudas crisis institucionales. Tras lo que significó para ese país la destitución del presidente Manuel Zelaya, ahora se embarcan en la aventura de otro golpe técnico con la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que formaban parte del tribunal constitucional que ha declarado inconstitucionales varias iniciativas del Gobierno aprobadas por el Congreso.

La última acción fue un amparo a favor de policías que estaban siendo depurados. El Congreso creó una comisión investigadora que determinó que los magistrados actuaron anómalamente y recomendó al pleno la destitución de los juzgadores. Por abrumadora mayoría, los diputados removieron esta madrugada a los magistrados, generando una crisis institucional que se veía venir luego de que el presidente José Lobo acusó al empresario de prensa Jorge Canahuati de estar conspirando para derrocarlo junto con varios miembros de la Corte Suprema de Justicia.
 
 La acuñada imagen de las repúblicas bananeras que no pueden resolver sus problemas por la vía institucional sino mediante revoluciones, manotazos, golpes de Estado y otras medidas de hecho, parecía superada en la región luego del largo y costoso proceso de democratización que se emprendió a finales del siglo pasado. Sin embargo, es evidente en Honduras y en otros lugares del continente, que los políticos no han estado a la altura de las circunstancias y por ello es que las instituciones se han debilitado en vez de fortalecerse y la democracia no ha pasado del ejercicio del sufragio porque nunca se genera, menos se cumple, un mandato del pueblo a los políticos electos.
 
 Veremos cuál es la reacción de la comunidad internacional que en el pasado se mostró dispuesta a dar todo su apoyo a Zelaya. La independencia de poderes es básica en el ejercicio democrático y por lo tanto tan grave es la destitución del Presidente como de los magistrados. Rota esa institucionalidad se rompe también el orden constitucional que garantiza a cada uno de los organismos del Estado su propio espacio y ámbito de competencia, por lo que indudablemente que en Honduras se alteró el orden legal con esta decisión. Eso sin entrar a considerar sobre el fondo y sentido de los fallos de los magistrados en materia constitucional, pero a simple vista la destitución riñe con el ordenamiento legal.
 
 Mientras nuestros políticos no entiendan que son ejecutores de un mandato popular y que ser mandatarios no es facultad para mandar sino para cumplir con el mandato del pueblo, nuestras democracias seguirán siendo de paja.

Minutero:
Es ya una tradición
hondureña el manotazo
contra la Constitución
que se viola mazo a mazo