El abuso de poder, la falta de comunicación, violaciones de derechos humanos, asesinatos injustificados, la intervención del Estado y la carencia de políticas públicas en temas de electricidad, son factores que han provocado la ira de pobladores en varias comunidades, de distintos municipios, en el departamento de San Marcos.
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San Marcos cuenta con 29 municipios, de estos 27 cuentan con servicio eléctrico de Deocsa, y 2 con servicios eléctricos municipales.
«En 1998, los trabajadores de Unión Fenosa realizaban cobros exagerados en el precio de los voltajes, ya que los análisis que ellos realizaban no aparecen en los recibos de luz», indica Jorge Ramírez, representante sindical de la sociedad civil de Nuevo Progreso.
A partir de esa fecha inician los problemas con Unión Fenosa; los pobladores determinaron que luego de llegados los recibos de luz se cercioraban que las cantidades eran demasiado altas y que no tenían dinero para pagar tan grandes cantidades de dinero por el uso del fluido eléctrico, y así iniciaron una lucha para que los inspectores de la Empresa Eléctrica llegaran a revisar los contadores de las casas de varios municipios de San Marcos y se cercioraran que la cantidad a pagar no era la justa.
Ante esto, «realizamos una mesa de diálogo donde tanto los pobladores como Unión Fenosa llegamos a varios acuerdos, sin que hasta el momento se cumplan los que prometió la empresa de luz», indicó Jorge Ramírez, sindical de Nuevo Progreso.
Luego, pobladores organizados de Malacatán, El Carmen, San Pablo, Catarina, Ocós, San José El Rodeo, Nuevo Progreso Ayutla y Pajapita inician con movilizaciones para sacar a la Empresa Transnacional Unión Fenosa.
A partir de esas movilizaciones y protestas, varios líderes sindicales de sociedad civil fueron asesinados. El 27 de septiembre fue asesinado Adolfo Ich, defensor de los desalojados ilegalmente por la Compañía Nacional de Níquel de Guatemala; el 12 de octubre Gilmer Orlando Boror Zet, dirigente comunitario de San Juan Sacatepéquez, participante en las acciones contra las cementeras; el 22 de octubre asesinan al dirigente campesino Roberto Castellanos Pineda, integrante de la Organización Campesina Codeca y el sábado 24 de octubre de 2009, se comete el asesinato de Víctor Gálvez, quien insistía en el cumplimiento de los artículos 54 y 55 de la Ley General de Electricidad. Producto de sus acciones en favor de la población pobre, estuvo encarcelado, y era parte importante en los diálogos y negociación que se están impulsando con los funcionarios de Gobierno y la empresa Deocsa.
El más reciente hecho, donde murió una líder sindical, fue el 13 de enero de 2009, en la finca conocida como «San Antonio Miramar», lugar en que fue asesinada Evelyn Ramírez Reyes, lideresa de Frena, adscrito al Frente Nacional de Lucha (FNL) y a su vez, miembro de MSICG, luego que retornara de la ciudad capital con sus 750 compañeros y compañeras, de la reunión sostenida con la secretaria ejecutiva de la presidencia, donde presentaban sus inconformidades con Unión Fenosa.
Con 35 mil habitantes, Nuevo Progreso lucha para que la empresa Unión Fenosa salga de ese municipio. «La población está temerosa y preocupada, porque no sabe si la empresa eléctrica les va a cortar el servicio, y aparte de eso las amenazas que reciben los que no pagan luz; y esas amenazas son por parte de trabajadores de Unión Fenosa», refirió el alcalde municipal, Cristóbal Cifuentes.
A partir de los problemas en el departamento de San Marcos, varias personas trabajadoras de la Empresa Eléctrica fueran detenidas in fraganti saboteando la planta eléctrica de ese departamento; ante eso, el presidente ílvaro Colom, el 22 de diciembre de 2009, decretó el primer estado de prevención en San Marcos, prorrogándose hasta el 5 de enero de 2010 y el 20 de enero se vuelve a decretar; esto porque los pobladores inconformes comienzan a tomar las alcaldías, a cerrar la frontera con México, bloquean puentes y carreteras principales, manifestando que no han limpiado las plantas generadoras de electricidad. También por intentar secuestrar a los inspectores de Unión Fenosa.
SIETE Aí‘OS DE INCONFORMIDAD
«Inconformidades desde hace siete años, porque el compromiso que obtuvimos con Unión Fenosa, no han cumplido lo que ellos propusieron; nosotros como vecinos, siempre estuvimos en varias pláticas, y de ver cómo ellos acordaban y hacían lo que aquí se les pedía, y firmaron que sí cumplirían y hasta el momento ha sido todo lo contrario». aseguró Yolanda Aragón de Navichoque, pobladora del Nuevo Progreso,
Navichoque dijo que la población está temerosa, porque no es justo lo que la Empresa Eléctrica está haciendo con la gente pobre.
El gerente de Comunicación de Unión Fenosa Deocsa-Deorsa, Héctor Salvatierra, dijo: «Ante las problemáticas en ocho municipios, surge el grupo denominado Frena, que empezó a moverse por esas zonas, para decirle a la gente que no pagaran la luz, porque estaba muy cara y Deocsa daba un mal servicio y que, además, abusaba de los pobres».
Salvatierra dijo que 80 millones de quetzales es la deuda que tienen pobladores del departamento de San Marcos. Ante esta deuda «estamos dando formas de pago, para que la población pueda cancelar lo que deben; si una familia debe 1 año de luz, tendrán 3 años para pagar sin intereses», aseguró.
Frena es una organización sindical de sociedad civil, conformada por personas inconformes con los tratos y pagos de luz, en los ocho municipios. Feliciano Robledo, líder del grupo sindical, aseguró «se dan cobros elevados, contadores irregulares y una serie de anomalías, precisamente en el departamento de San Marcos, relacionados con la entrega del servicio de distribución».
Ante las acusaciones de Unión Fenosa hacia el grupo Frena, Robledo expresó: «es una forma de actuar de la transnacional; nosotros le hemos pedido al Gobierno para que a través de los medios con que cuenta realice una investigación eficiente y eficaz y que compruebe esas aseguraciones de la empresa de luz, lo cual nuevamente decimos que nosotros no somos los desestabilizadores ni saboteadores, sino es la misma transnacional».
Según la alcaldesa de Ocós, Edilma Elizabeth de León, ellos no tienen ninguna deuda, y hasta el momento la población ha correspondido bien a las formas de pago que dio Unión Fenosa.
Según la Ley de Orden Público, Decreto 7 de 1965, el estado de prevención (Artículo 8) no necesita de la aprobación del Congreso, su vigencia no excederá de quince días y durante ella podrá el Ejecutivo tomar las siguientes medidas:
Militarizar los servicios públicos, incluso los centros de enseñanza, e intervenir los prestados por empresas particulares.
Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas.
Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y, en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado.
Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación públicas que se llevaren a cabo sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas, si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello.
Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación públicas en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia.
Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro; y exigir a quienes viajen en el interior de la república, la declaración de itinerario a seguir.
Exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables.