El espíritu de la ley al atribuir al Congreso de la República la potestad exclusiva de aprobar el Presupuesto General de la Nación es bien claro. Se trata de que el programa de ingresos y egresos del Estado sea sancionado por el Organismo Legislativo como expresión de la representación nacional y para evitar que el Ejecutivo, que tiene el acceso al dinero, haga micos y pericos. Se supone que una vez aprobado un presupuesto, debiera ser el mismo Congreso el único autorizado a realizar transferencias pero en Guatemala, donde el corcho se hunde y los clavos flotan, resulta que la aprobación es un ejercicio absolutamente inútil y estéril porque después el Gobierno queda facultado a realizar las más oscuras, sucias y deleznables transferencias.
Precisamente por las transferencias es que está sometido a proceso el ex presidente Portillo, pero en este y en todos los gobiernos se sigue con la misma práctica que hace inútil la aprobación por el Congreso de la República del Presupuesto General de la Nación.
Al ser aprobado por el Congreso, los ciudadanos tenemos teóricamente acceso a la forma en que se dispuso programar el gasto y debiéramos ejercer una fiscalización social de la manera en que se gasta el dinero de los impuestos. Sin embargo, las transferencias hacen imposible seguirle la pista al dinero porque las partidas inicialmente sancionadas en el Organismo Legislativo, obligado constitucionalmente a aprobar un presupuesto programático (es decir detallando el ingreso y el gasto), cambian con extrema facilidad y el dinero aprobado para seguridad termina sirviendo para confidenciales o, como en este gobierno, para engordar partidas de cohesión social que, dado el carácter confidencial al que se pretende aferrar el Gobierno ocultando datos sobre los beneficiarios, puede considerarse con justicia como una nueva forma de disponer de partidas confidenciales, de esas mismas que prohibió la reforma constitucional.
Desafortunadamente no se puede esperar que la Corte de Constitucionalidad pueda funcionar como contralor de la legalidad en casos como este porque es evidente que existen demasiados vínculos políticos que condicionan votaciones y por ello sería inútil ejercer una acción para denunciar la violación a la letra y el espíritu de nuestra Ley Fundamental con esas transferencias que tienen el exclusivo propósito de enturbiar el manejo de los recursos públicos para que sea imposible seguirle la pista al dinero.
Y se ha establecido ya como una práctica común, consagrada ya en ley ordinaria, que se pueden hacer micos y pericos con las transferencias, lo que sumado a la contratación de ONG y la constitución de fideicomisos es la plena garantía de impunidad para que siga la piñata con los recursos del pueblo.