Jueza Patricia Flores solicita el traslado de í“scar Mejía Víctores hacia el Centro Médico Militar, zona 16, para verificar su estado de salud, luego que su defensa argumentara incapacidad para poder declarar.
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La defensa del ex jefe de Estado, í“scar Mejía Víctores, declaró que hace aproximadamente tres meses su defendido sufrió un derrame que le provocó parálisis cerebral y lo inhabilitó de las capacidades de hablar o caminar, por lo que no pudo presentarse a la Torre de Tribunales a rendir su primera declaración por el delito de genocidio.
La jueza a cargo del Juzgado Primero de Alto Riesgo se trasladó, junto a la defensa y un médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses –Inacif–, al domicilio del ex jefe de Estado, en el complejo de apartamentos Villas del Valle, zona 15 de la ciudad capital guatemalteca, para tomar la primera declaración de este y verificar su estado de salud.
La jueza no lo ligó a proceso, debido a que el militar retirado, según indica su defensa, debido a su enfermedad no comprende las acusaciones que se le hacen y únicamente se limita a contestar sí o no.
Un médico forense comprobó la enfermedad que le impide al imputado presentarse ante la justicia, por lo que la juzgadora ordenó el traslado del sindicado hacia el Centro Médico Militar, en la zona 16, en donde estará con custodio.
El ex jefe de Estado se entregó ayer a la justicia, luego que el pasado 17 de octubre la jueza Flores lo declarara en rebeldía y girara orden de arraigo para evitar que saliera del país.
í“scar Humberto Mejía Víctores, quien fungió primero como Viceministro de la Defensa encargado del Despacho y luego, como Ministro de la Defensa Nacional, es sindicado por los delitos de deberes contra la humanidad y genocidio por masacres que fueron ordenadas por él en el Triángulo Ixil y en Plan de Sánchez, Baja Verapaz, registrados durante los años 1982 y 1984,
Según el Ministerio Público (MP), Mejía Víctores pudo haber sido uno de los miembros de las fuerzas castrenses encargados de haber planificado y desarrollado acciones militares encaminadas a contrarrestar la insurgencia durante el conflicto armado interno.
La rebeldía así como el arraigo también fue dictada par a Luis Enrique Mendoza García, militar retirado señalado de los mismos delitos que el ex jefe de Estado.
En las afueras de la vivienda del militar se concentraron grupos de observadores internacionales, activistas de derechos humanos y decenas de periodistas locales y extranjeros.
SIN PRIVILEGIOS
Claudia Paz y Paz, Fiscal General y jefa del Ministerio Público dijo que la entrega del militar se justifica porque es un procedimiento legal, pese a ser prófugo y quien se le había decretado la rebeldía, estas declaraciones las dio durante su asistencia a un seminario penal juvenil que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, descartó que exista privilegio para este, luego que la defensa solicitara llevar a cabo la primera declaración en su domicilio “su abogado decide presentarlo y aduce que esta persona tiene padecimientos de salud, extremo que tenemos que confirmarlo y no es ningún privilegio, él se está presentando y nosotros tenemos la obligación de escucharloâ€.