El doctor, catedrático y analista político mexicano Reynaldo Ortega vino a Guatemala a la presentación pública del libro «Partidos políticos en Guatemala: entre institucionalidad y pragmatismo político». Aprovechando su estadía lo entrevistamos y hoy nos presenta un análisis de los partidos políticos de América Latina; incluidos los de Guatemala, a cuyos dirigentes llama a ser capaces de enfrentar los problemas estructurales del país, como mecanismo para convertirse en verdaderos intermediarios entre la sociedad y el Estado.
¿Cómo visualiza a los partidos políticos en Guatemala?
En América Latina ha sido complicada por varias razones; han tenido un proceso de transición a la democracia después de gobiernos militares o de civiles autoritarios. El reto es lograr construir instituciones incluyentes y representativas, lleva muchos años la construcción de una organización política responsable en términos de rendición de cuentas, educación cívico-política y ética.
En Guatemala, lo más importante tiene que ver con la inclusión de grupos sociales que tradicionalmente han estado en situación de desventaja: indígenas, mujeres, poblaciones rurales. Para ello se necesita la construcción de estados con capacidad de obtener recursos de los grupos económicamente más fuertes.
Sectores económicos consideran que no es momento de hablar de impuestos, ¿por qué el reto sería el tema fiscal?
Un Estado que solamente es capaz de recaudar el 10% del PIB no tendrá la capacidad de construir infraestructura, atender educación, salud, vivienda y garantizar la efectividad de los servicios. Es un gran reto para los partidos y las clases políticas de la región construir estados que puedan llevar adelante programas sociales para disminuir las desigualdades. Son muchos los problemas y las soluciones no son fáciles.
¿Cómo pueden recuperar su intermediación entre el Estado y la sociedad los partidos políticos si han perdido credibilidad?
Hace pocos días se conoció un informe sobre la educación en Guatemala. Los partidos políticos tienen que ser capaces de enfrentar esos problemas estructurales más allá de los escándalos.
Las grandes ventajas que tiene un sistema democrático, frente a uno autoritario, son los contrapesos. Si dejamos sólo al individuo frente al Estado y no hay grupos de intermediación como los partidos, vemos que es el camino más fácil para el abuso del poder.
Pareciera que los partidos son electoreros, sólo trabajan en época de campaña
Los partidos políticos son acusados en todo el mundo, de ser élites que hasta cierto punto se alejan de la población, pero el hecho de que existan competencias entre estas élites le permite a las sociedades tener algún tipo de control. En el mercado al tener una sola empresa que comercie y distribuye, monopoliza, abusa, pero si hay competencia la ciudadanía tendría la oportunidad de un mejor y mayor control para que no haya abuso de poder.
¿Pero sólo necesitamos de partidos políticos para evitar los abusos?
Los partidos tienen distintas funciones, presentan ante el electorado propuestas de gobierno, tienen la capacidad de presentar visiones sobre el futuro de los países y sus distintas políticas públicas, pero para que una democracia sea realmente funcional y vibrante, se necesitan sindicatos poderosos, ONGs, opinión pública más consciente, medios de comunicación libres, capaces de reflejar las necesidades y problemas de la población, una academia y críticos capaces de enfrentar y señalar los problemas más importantes .
La democracia no acaba en el acto de votar y de elegir, ese gobierno tiene que ser responsable ante los ciudadanos. Si no existe oposición no hay democracia, estaríamos frente a una dictadura.
¿Escándalos como el sucedido en el Congreso pueden desgastar a los partidos políticos?
Es aconsejable ir más allá de las coyunturas, lo más importante no es el escándalo en sí, debe verse los mecanismos institucionales para evitar el desvío de fondos.
La oposición tiene como funciones centrales tratar de hacer contrapeso a las acciones del Gobierno y presentar alternativas para evitar los escándalos, mantener una línea de fiscalización constante, crear estructuras de vigilancia eficaces. Lo que ocurre en la mayoría de instituciones y congresos es la falta de mecanismos y controles administrativos, se ven enormes discrecionalidades en las comisiones y eso no es privativo del Congreso guatemalteco.
¿Qué rumbo deben tomar los partidos ante una sociedad tan desigual como la guatemalteca?
Uno de los problemas más serios del sistema político guatemalteco es su fragmentación. Hay todo un espectro ideológico que no está o tiene muy pocos representantes, eso refleja exclusión.
Si comparamos a partir de los años 85-86, hay partidos jóvenes, tras la firma de la paz hay una participación más abierta. Como instituciones jóvenes han tenido que ir creando bases sociales y políticos profesionales, esos son los problemas más difíciles en términos de la construcción institucional. Ellos tienen que incorporar a grupos subalternos dentro de la sociedad, lo importante es que dentro de esos mismos partidos haya distintos grupos que promueven críticas, que ayudan en términos de institucionalización y representación.
Un tema que ha desatado confrontación es el del financiamiento público para los partidos, ¿qué opina al respecto?
El de Guatemala no acaba de ser idóneo, se tienen que buscar otros mecanismos, que sea más amplio para ciertas fuerzas políticas que evidentemente no cuentan con los recursos para lograr una mayor incorporación y participación.
Una de las reformas políticas más importantes que hubo en México, en un proceso paulatino, tuvo que ver con el financiamiento a los partidos: el 70 % del financiamiento público se da de acuerdo a las bancadas parlamentarias y el 30 % en forma equitativa entre todas las fuerzas políticas. La fórmula aún tiene muchos problemas pero trata de igualar esta competencia tan dispar.
El 5 % del total de votos para que un partido no desaparezca es muy alto, Alemania tiene un umbral así, pero significa que los partidos tienen que hacer un trabajo intenso; seguramente va a tener efectos muy importantes en términos de desarrollo institucional, lo que visualiza un problema.
Si el financiamiento es privado, los partidos políticos pagan facturas.
Eso es lo que se debe evitar. En México el financiamiento no se da porque sí, hay mecanismos de fiscalización, en Guatemala realmente no hay sanciones importantes para quienes cometen delitos electorales, cualquiera puede transgredir la ley sin que haya verdaderas sanciones contra estos personajes.
En Guatemala se propugna por la reducción del número de diputados, ¿a su juicio eso es correcto?
También se planteó en México. No creo que sea una cuestión de número sino de representación de las distintas corrientes políticas, visiones de país e intereses de los distintos grupos sociales.
Si únicamente se plantea reducir el número, eso implicaría la exclusión de un buen número de opiniones políticas; poner el umbral más alto va a implicar que la posibilidad de la representación no necesariamente va a ser más clara, es muy probable que muchos grupos queden excluidos.
Lo más importante no es el número de representantes sino cómo trabajan en las comisiones, qué control real tienen sobre el Ejecutivo; cómo legislan. Los políticos fundamentalmente deben impulsar la reforma fiscal, esos son problemas realmente estructurales de cómo queremos ser, que queremos tener y cómo se gastan después esos dineros.