Las deficiencias y carencias de Guatemala son enormes, pero pienso que en un punto en el que puede lograrse el máximo acuerdo es en cuanto al combate de la impunidad y el fortalecimiento del Estado para administrar la justicia, elemento indispensable para ofrecerle seguridad a la población. Esta crisis ha hecho aflorar enormes y marcadas diferencias en el tema social y se ve que las distancias ideológicas están allí­, a pesar de lo que se ha pregonado sobre el fin de las ideologí­as, puesto que las diferencias de clases fueron exacerbadas tontamente.

Pero nadie con dos dedos de frente puede ignorar o pasar por alto el daño que a la vida en sociedad le hace la deficiencia terrible en el sistema de justicia, que termina alentando la impunidad traducida no sólo en corrupción sino también en las distintas y violentas formas de crimen. Los guatemaltecos fuimos testigos de la forma en que de manera sistemática se fue minando todo el aparato judicial y el de justicia, aspectos que resultaron convenientes para muchos sectores porque desde los polí­ticos corruptos hasta los evasores de impuestos y los secuestradores y asesinos, todos se beneficiaban de esa debilidad institucional que era su garantí­a de que nadie les perseguirí­a por sus delitos.

Al margen de los señalamientos directos formulados por Rodrigo Rosenberg, es un hecho que su muerte es un llamado a la reflexión de todos los guatemaltecos y así­ la tenemos que ver. No se trata de caer en simplistas posturas para cobrar facturas polí­ticas, ni menos aún de protagonismos oportunistas para sacarle raja a una crisis que en realidad está desnudando la situación de nuestro paí­s. Pero serí­a insensato dejar que esa movilización ciudadana inusitada quedara en nada y que todos volviéramos a nuestra secular indiferencia cuando ahora, por vez primera desde que se inició ese desmantelamiento del Estado, existe claridad de que no podemos vivir y sobrevivir en medio de un sistema que alienta la impunidad mediante la destrucción y control de las instituciones relacionadas con la justicia y la seguridad.

En eso no caben ni renuncias ni retrocesos, porque lo que se ha ganado en participación ciudadana no debe desperdiciarse sino que se tiene que canalizar patrióticamente en la construcción de un sistema más eficiente que permita la vigencia del Estado de Derecho. Esa legalidad que ha sido pisoteada y destrozada por quienes se dedicaron por años a desmantelar la institucionalidad del Estado para lograr sus mezquinos fines. Hoy en dí­a tenemos que aprovechar el entusiasmo juvenil para reclamar y exigir, pero hacerlo hacia donde todos nos podemos poner de acuerdo y hacia donde en verdad más falta hace que se vean cambios. Sin aspavientos y con firmeza, los ciudadanos estamos llamados a construir un nuevo orden de preeminencia de la ley y respeto al derecho.