Ante la aprobación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sectores sociales responsabilizan a las autoridades nacionales.
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En una acción conjunta, integrantes del Colectivo de Organizaciones Sociales (COS), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), entre otras agrupaciones, expusieron su satisfacción por la aprobación de la creación de la CICIG.
Asimismo indicaron que consideran «fundamental» la participación activa del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil para que la comisión logre cumplir con las funciones que se propone.
Iduvina Hernández de Seguridad en Democracia (Sedem) indica que está altamente complacida con los esfuerzos de las bancadas que apoyaron la creación de la Comisión y el vicepresidente Stein, ya que sus esfuerzos fueron determinantes para que el resultado fuera positivo.
«Ahora Adela de Torrebiarte y Juan Luis Florido están aprueba, ya que su trabajo en el ámbito de la seguridad es determinante para trabajar por la democracia de Guatemala» resaltó.
En tanto, indicó que la calidad de la CICIG no le permite actuar de forma autónoma, por lo que asegura no es inconstitucional su trabajo en el país, como lo indicaron los diputados que se opusieron rotundamente a su implementación.
Orlando Blanco del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos afirma que la unión de las organizaciones sociales seguirán de cerca las acciones que realice la estructura de seguridad en el país, ya que a pesar de que se contará con una nueva entidad, el Gobierno continúa siendo el responsable del Estado de derecho.
Hernández concluye que es importante la participación consciente de la ciudadanía en las elecciones generales, ya que el voto desfavorable del Partido Unionista y el Frente Republicano Guatemalteco para no crear la CICIG son parámetros para que las personas estimen quiénes están vinculados con el crimen organizado y la delincuencia.