Luego que el presidente ílvaro Colom suspendiera las actividades mineras del país, 23 organizaciones campesinas solicitaron que se cancelen definitivamente, además tildan de tardía la decisión, la que tuvo que acatarse desde el primer momento.
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Los representantes de 23 organizaciones, que representan algunos sectores indígenas y campesinos del interior del país, demandaron cancelar las licencias mineras a nivel nacional porque están afectando a los más pobres de las regiones.
Omar Jerónimo, representante de Plataforma Agraria, destacó que los más afectados han sido siempre los campesinos pobres de la región, y lamentó que se tardara tanto para que solamente se suspendiera la actividad, sin tomar decisiones más concretas, por lo que piden sean canceladas todas las actividades mineras.
También se pronunció, sobre la misma vía, Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), quien resaltó que esperan la suspensión definitiva, porque el daño ambiental amenaza cada vez más al país.
«Es una posición bastante tardía», denunció Rodenas, quien insiste en que se tuvo que acatar desde un principio lo determinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
SOLICITUDES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de mayo impuso varias solicitudes, entre ellas la de suspender la explotación minera del proyecto Marlin y otras actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Gold Corp/Montana Exploradora de Guatemala, S.A.
Por lo que hasta ayer, el Gobierno emitió un comunicado que dice: «En relación a la medida cautelar de suspender las actividades mineras aludidas, el Estado comunica su decisión de atenderla, para dar cumplimiento a sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos».
Sin embargo, la CIDH tiene varias solicitudes que no fueron aclaradas en el documento emitido. Aunque representantes del gobierno aseguran que cumplieron en su totalidad con lo requerido.
La entidad internacional pide, además, «adoptar las medidas necesarias para descontaminar en lo posible las fuentes de agua de las 18 comunidades beneficiarias, y asegurar el acceso por sus miembros a agua apta para el consumo».
Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que se encontraron metales pesados, como plomo, zinc, cobre y otras sustancias tóxicas en las muestras de sangre en un grupo de pobladores cercanos a la mina Marlin.