La historia sindical en Guatemala está salpicada de la sangre de honestos dirigentes sindicales que pagaron con su vida durante la época de los gobiernos militares, mientras que otros se vieron obligados a abandonar el paí­s, ví­ctimas de persecuciones, amenazas y atentados, y aún en la actualidad, cuando se presume que la Constitución Polí­tica garantiza la libertad de organización sindical, los asalariados de algunas empresas, especialmente las maquilas, no pueden conjugar esfuerzos para defender unidos sus comunes reivindicaciones, en vista de que todaví­a priva la represión antisindical.

En las instituciones del Estado es donde los empleados o trabajadores tienen mejores oportunidades para sindicalizarse; pero cabalmente en varios de estos entes el sindicalismo se ha desnaturalizado, a causa de la deshonestidad, ambiciones espurias e individualismo de sus dirigentes.

El caso más notorio es el que se observa en la Dirección General de Migración, en la que funcionan dos sindicatos de trabajadores, cada uno de los cuales luchando porque sus respectivos dirigentes y afiliados alcancen posiciones de poder burocrático, al extremo de que, como se ha ventilado públicamente desde hace décadas -con algunas raras excepciones-, los funcionarios que han sido designados para ocupar mandos de decisión han sido neutralizados por los lí­deres de esas adulteradas organizaciones sindicales, si es que no se han plegado plenamente a sus caprichos.

La misma directora e interventora de Migración que fue obligada a renunciar hace pocos dí­as -según versiones periodí­sticas-, Ana Marí­a Villegas de Fortí­n, no tuvo empacho en admitir abiertamente antes de que fuera cesada en su cargo, que los dirigentes de los sindicatos fueron los que nombraron a sus afiliados en posiciones claves, «porque son los que mejor conocen el funcionamiento» de esa institución.

La destitución de la señora Villegas, aunque es una decisión que mueve a pensar que el Gobierno del presidente ílvaro Colom intenta eliminar la corrupción en Migración, sólo es una pequeña medida que debe complementarse con la investigación y el despido de los sindicalistas que han desvirtuado y enlodado la misión de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado.

Lamentablemente el caso de corrupción en la Dirección General de Migración no es un hecho aislado en las instituciones del Estado, en lo que respecta a cobros indebidos y tráfico de influencias, entre otros actos ilí­citos, sino que se extienden a otros entes gubernamentales, con la confabulación de funcionarios, empleados o trabajadores y personas particulares.

No hace muchas semanas, por ejemplo, quien fungí­a como director general de Transportes fue destituido fulminantemente por el ministro de Comunicaciones, después de que un diputado de la Gana pusiera al descubierto los hechos corruptos en esa dependencia estatal, y posteriormente el subdirector de la misma institución que ocupó temporalmente la titularidad del cargo, denunció en el Ministerio Público la red de corrupción imperante en esa dirección general; pero el caso ya no pasó a más porque ese funcionario presentó su renuncia cuando nombraron al nuevo director, sin que se tenga conocimiento de las acciones que se hubiesen tomado para proseguir con las investigaciones respectivas.

Mientras tanto, los sindicatos de trabajadores de Migración pervierten la naturaleza de los propósitos, ante la indiferencia de los dirigentes de las confederaciones sindicales, que deberí­an ser los primeros en velar porque los sindicatos afiliados a sus organizaciones se dediquen a sus funciones especí­ficas, alejándose de actividades que se caracterizan por evidentes signos de corrupción.

(El profesor de matemáticas pregunta al adolescente Romualdito: -Si llevás 2 mil quetzales en un bolsillo y 3 mil quetzales en otro bolsillo ¿qué es lo que tenés? El joven responde: Los pantalones de un dirigente sindical de Migración, profe).