En el marco de la discusión sobre la legalidad de la entrega de los datos de los beneficiarios de Mi Familia Progresa (MiFaPro) a fiscalizadores del gasto público, analistas de organizaciones sociales manifiestan que no solamente ese programa tiene que ser analizado y fiscalizado.

La información tiene que ser pública; sin embargo, la información tiene que ir unida con el órgano que le corresponde realizar la auditorí­a, que en este caso es la Contralorí­a General de Cuentas, analizan en general activistas de organizaciones sociales.

Mario Minera, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), manifestó que los ministros de Gobierno y todos los funcionarios deben rendir cuentas, «porque todo funcionario que maneja dinero del Estado tienen que rendir información sobre en qué están invirtiendo el dinero del pueblo», en alusión a las estrategias del Ministerio de Educación de no querer dar los datos de MiFaPro para su fiscalización.

Sin embargo, otros activistas coincidieron en que no sólo MiFaPro debe ser fiscalizado, y que todos los programas deben ser medidos con la misma vara.

«Extraña mucho que sea solamente ese programa (MiFaPro) el que estén solicitando esa información; hay más proyectos y programas de otras instituciones del Estado y ésas no son fiscalizadas como lo están haciendo con MiFaPro», explicó Jorge Santos, del Centro de Investigación Internacional en Derechos Humanos (CIIDH).

«í‰ste es un programa (MiFaPro) que está implementando una ayuda para personas que subsisten en condiciones de pobreza y pobreza extrema; en tal condición, el hacer público los nombres de las personas atraviesa por un problema serio de no querer aceptar la dignidad de las personas que son beneficiarias del programa», justificó Santos para defender los obstáculos para dar a conocer a los beneficiarios.

Por su parte, Juana Batzibal, analista independiente, considera que las fiscalizaciones deben ser usuales, ya que están dentro de la ley.