Organizaciones indígenas denunciaron que en los últimos meses se han producido numerosos ataques en contra de líderes y abogados de sus agrupaciones, por lo que piden se investigue en torno a estos casos, ya que no sólo atentan contra la vida, sino que también intimidan la lucha social.
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«Las fuerzas de seguridad pública son incapaces de desarmar a los grupos clandestinos de seguridad que existen en el interior del país, y que son los causantes de muchos de los asesinatos de los líderes indígenas que se han venido denunciando», afirmó Mario Minera, integrante de la convergencia maya Waqib´ Kej.
Entre los crímenes que solicitan sean investigados, sobresale el asesinato del maestro Adolfo Ich Chamán, hecho ocurrido en la Comunidad Las Nubes, Izabal, el pasado 27 de septiembre, y el cual fue perpetrado por un grupo de guardias de seguridad de una empresa privada.
Asimismo, el asesinato de la pareja de esposos, Isabel Vásquez y Odilio Gabriel, fallecidos el pasado 17 de agosto en Huehuetenango y el crimen del líder indígena Julio Aguilar Iriarte, en Morales, Izabal.
Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), agregó que ya sostuvieron reuniones con el fiscal general del Ministerio Público y con el Ministro de Gobernación, para solicitar la investigación de grupos armados que operan sin ningún control en el interior del país, ya que señalan que estas organizaciones delictivas estarían detrás de los ataques contra agrupaciones indígenas.
CASO RECIENTE
El último hecho ocurrido tuvo lugar el sábado pasado, en San Juan Comalapa, Chimaltenango, siendo la víctima, el abogado maya Fausto Otzín Poyón, de 32 años, quien llevaba casos en defensa de los pueblos indígenas y trabajaba en temas como el fortalecimiento de la justicia.
Otzín Poyón fue torturado y su cuerpo fue localizado en un barranco, en las cercanías de un destacamento militar. Hasta el momento, se desconocen los móviles del asesinato.
Según Flavio Otzín, padre de la víctima, indicó que él teme por su vida y por la de su familia, como represalia del hecho. Además agregó que su hijo ya había sido amenazado de muerte varias veces, por medio de correo electrónico.
Daniel Pascual, del CUC, expresó que «sospechan que el asesinato haya sido a causa de un proceso en Chichicastenango, por un problema de tierras comunales que habían sido expropiadas.»
Por otro lado, Pascual manifestó que ya se comenzaron a dar los primeros pasos de los acuerdos a los que llegaron con el Gobierno, el pasado 15 de este mes; «sólo esperamos que las promesas se cumplan».