---

Bien marcados en la ley de régimen interior, están todos aquellos beneficios de los que gozan los legisladores desde el momento que sus electores definen con su voto la ganancia que los lleva a ser representantes de aquellos durante cuatro años.

Está establecida la fecha de inicio de sesiones sin necesidad de convocatoria, así­ lo ordena la ley, o bien la jefatura de cada bloque se encargará del recordatorio y en el extremo más lógico porque cada legislador ha leí­do las normas jurí­dicas.

«El Congreso se reunirá en sesiones ordinarias del 14 de enero al 15 de mayo y del uno de agosto al 30 de noviembre de cada año», dice textualmente parte del artí­culo 158 de la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala.

Cuatro meses tienen como privilegio para salir de vacaciones durante 60 dí­as a la mitad del año y vuelven a gozar de esa ventaja 74 dí­as entre el final del año e inicio del nuevo.

En los últimos cuatro años, nunca las autoridades legislativas han entregado un informe detallado de quién realmente ha tenido justificaciones válidas para no asistir, mientras tanto el salario está puntual en caja. Eso porque quien presida el Congreso lo ha ofrecido.

Las consecuencias han sido evidentes, falta de asistencia para aprobar temas de trascendencia, condicionamientos a cambio de privilegios, viajes, oficinas y otras prebendas, han denunciado hasta el cansancio algunos diputados en el pasado.

Se puede justificar que en ciertas ocasiones algún congresista falle en su asistencia, pero que en promedio 30 diputados faltan a las sesiones plenarias ordinarias no hay justificación, algo que no ha ocurrido únicamente en esta legislatura.

Hay nombres de diputados tan desconocidos como la misma cantidad de veces que no han asistido al trabajo parlamentario, quien ha escuchado o visto las actuaciones de Ferdy Ramón Elí­as Velásquez, o José Domingo Trejo de la Roca, ambos del partido oficial.

«Los horarios en sesiones de comisiones ordinarias o extraordinarias no deberán coincidir con los horarios de sesiones al pleno, salvo que por asuntos excepcionales sean autorizados por la Junta Directiva o por el pleno», manda el artí­culo 62 del Decreto 63-94.

Tan solo un grupo de diputados, son operadores polí­ticos que se identifican dentro y fuera del hemiciclo o bien en el desarrollo de sus funciones al frente de la presidencia de su comisión de trabajo, sea o no adversa su gestión.

Aunque algunas veces el liderazgo de la participación sea negativo, se ve aparecer a Mario Taracena, a Pablo Duarte, Anabella de León o a Manuel Baldizón. La gran mayorí­a son de bajo perfil.

PROMEDIOS

Tomando como promedio uno de los últimos salarios devengados por la Junta Directiva que presidió Jorge Méndez Herbruger, de Q49,150.00 mensuales para el puesto de presidente; Q44,150 cada vicepresidente y Q39,150.00 para cada secretario, ese cuerpo de diputados cuesta Q377 mil 350 mensuales.

Q3 millones 650 mil 500 nos cuesta a los contribuyentes del paí­s mantener a 149 diputados rasos, cada mes, lo cual equivale a un desembolso de Q121 mil 683 cada dí­a; mientras son Q12 mil 578 el gasto diario en los nueve miembros directivos.

Mientras tanto, un trabajador medio no sobrepasa los Q1,750.00 mensuales frente a una canasta básica que sobrepasa su costo de tres mil quetzales, con un incremento a los gastos fijo de electricidad y agua potable.

Aunque es difí­cil evaluar cuantas horas-diputado efectivas le dedica los representantes distritales a sus obligaciones, es fácil detectar y aproximar que apenas los directivos asisten casi con regularidad seis horas al dí­a.

Eso se traduce en 180 horas al mes que equivaldrí­an a dos mil 160 horas al año, tomando en cuenta que por su responsabilidad en Junta Directiva o Comisión Permanente, según sea el caso.

Más difí­cil es promediar cuantas horas al mes y horas diarias dedica cada diputado a sus obligaciones, si no están de viaje o se niegan asistir a una sesión plenaria anteponiendo su necesidad de contacto con sus electores o simpatizantes.

Al parlamentario Julio Recinos Castañeda, tercer vicepresidente e integrante de la bancada Guatemala, se le requirió desde inicios del año, sobre la regularidad y efectividad del trabajo de las comisiones de trabajo, datos que casi al cierre del año nunca estuvieron disponibles, siempre dijo no contar con la información.

Desde que las funciones del manejo de la chequera fueron trasladadas al gerente general, muchas personas desconocen cuáles son las funciones especí­ficas de la primera secretaria, y pocas veces la dirección de esa oficina está disponible para tratar algún tema.

¿Pero hasta dónde se cumple con la ley y con amenazas de aplicar sanciones?, sigue siendo un dilema. Roberto Alejos, presidente de la Junta Directiva y reelecto para el perí­odo 2010-2011, pasó todo un año asegurando que descontarí­an de los salarios de aquellos diputados faltistas.

Según el artí­culo 66 de la norma interna 63-94, que rige el trabajo de los diputados, señala que la inasistencia a sesión plenaria dará lugar a un descuento equivalente a 70 por ciento del emolumento diario.

En teorí­a, la inasistencia a sesión de sala de trabajo, será de 30 por ciento de descuento de lo devengado por cumplir con estudio, evaluación y dictamen de iniciativas de ley. Siempre tendrán la ventaja de excusas y las licencias que son permitidas.

Queda esperar si el diputado Alejos durante su nuevo perí­odo por reelección, para gobernar sin contratiempo, seguirá aplicando el dejar hacer, dejar pasar y que la baja producción legislativa a todo nivel siga combinada con resistencia polí­tica.

Las autoridades han dicho hasta el cansancio que la poca coordinación intergrupal y partidaria ha hecho ingobernable la discusión y los consensos en casi todas las actividades del parlamento.

CONTENTOS TODOS

Quién no recuerda que en 2008 el tema de la repartición de comisiones alcanzó temperaturas altas, en las que cada partido no estaba dispuesto a perder siquiera una sala de trabajo.

Lo que menos habí­an eran presidencias y lo que más sobraba eran interesados en presidir, aunque sea sólo por el prestigio y el poder que otorga una sala de trabajo -aproximadamente Q3 mil mensuales para caja chica-.

Si cada sala de trabajo recibe el promedio apuntado, serí­an Q141 mil los fondos necesarios al mes; Q1 millón 692 mil anuales para el funcionamiento total de las 47 salas de trabajo.

La ley interna establece 32 comisiones de trabajo, pero habí­a que complacer a 15 parlamentarios más, y fue así­ como el número aumentó a 47, creando con ello comisiones extraordinarias de las más extrañas.

Aquí­ también se ve reflejada la inversión de recursos contra el provecho para la población, apenas comisiones como Economí­a y Comercio Exterior, ha destacado con su preocupación de temas económicos y sobre la crisis económica mundial.

Reformas al sector justicia, con el decidido empeño que llevó a luchar, desfallecer y volverse a levantar para que finalmente fuera aprobada la ley de comisiones de Postulación, instrumento que marcó un hito polí­tico al tema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los comisionados de Legislación y Puntos Constitucionales, hicieron énfasis en darle participación a diversos sectores para pronunciarse en torno a la propuesta de reformas a algunos artí­culos de la Constitución Polí­tica de la República.

Esa comisión está a las puertas del dictamen respectivo para conocer la posición de los legisladores sobre la posibilidad de una consulta a la población para reformar la carta magna que ahora tiene 24 años de vigencia.

La Sala por la Transparencia, dio seguimiento a los casos de la explotación de oro en San Marcos y la cementera en San Juan Sacatepéquez, mientras otras salas activas están del Migrante, Energí­a y Minas, Ecologí­a, Compras del Sector Salud y de Defensa Nacional.

Quedaron en deuda comisiones de Derechos Humanos, a pesar de los casos de impacto que ha sufrido la sociedad; brilló por su ausencia, la de Recaudación Tributaria pese a constantes denuncias de contrabando y defraudación señaladas por las autoridades.