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A criterio de abogados litigantes, la gran cantidad de casos que esa judicatura repartirá en otros juzgados congestionará los procesos y retardará, por ende, la aplicación de la justicia en el paí­s.

El acuerdo aprobado por la entonces recién instalada Corte Suprema y publicado en noviembre último, deroga el sucrito por los anteriores magistrados, el cual amplió la competencia de los juzgados de turno de la capital, para que conocieran los procesos de alto impacto.

Por su parte, el presidente de la Cámara Penal reconoció que esos números evidencian la mora judicial y la crisis del sistema de justicia que actualmente vive Guatemala.

CIFRAS

Según las estadí­sticas del Organismo Judicial, el Juzgado Primero de Primera Instancia, el cual a partir del 26 de noviembre último únicamente tiene competencia para conocer procesos de mayor riesgo, recibió durante 2009 un total de 4 mil 87 casos.

Al anterior número de casos se suman los expedientes de otros años que se habí­an quedado rezagados en la judicatura, los cuales se estiman en no menos de mil. Sin embargo, los procesos resueltos por medio de procedimientos abreviados, archivos y faltas de mérito suman unos 2 mil casos.

Carol Flores, titular de ese juzgado, explicó que actualmente el personal trabaja en unas 3 mil inhibitorias, las cuales consisten en un decreto con el que cada caso se pone a disposición del Departamento de Gestión Penal.

Una vez los procesos estén en Gestión Penal, esta instancia los distribuirá en los diez juzgados restantes, explica la juzgadora. Pero, ¿qué sucederá con todos esos procesos y cuáles serán los efectos que tendrá esa transición en los usuarios de esas judicaturas?

DETENIDOS José Luis Alejos, abogado litigante, opinó: «creo que la creación de un juzgado de alto impacto es buena pero a mi juicio debieron crear uno nuevo y uno que ya existí­a para evitar ese movimiento de expedientes».

A criterio del jurista los más de tres mil expedientes que serán repartidos en diez judicaturas retardarán el trabajo de los oficiales «porque van a darle prioridad a los casos que ya tienen asignados en el juzgado para el que laboran», comentó.

De acuerdo con su conocimiento del funcionamiento del Departamento de Gestión Penal, Alejos calculó que esa transición durará de tres a cuatro meses, sin embargo apuntó que «lo alarmante» es que por tratarse de procesos penales hay personas que están detenidas y refirió que incluso podrí­an violarse garantí­as, pues con la repartición de casos se tendrán que reprogramar nuevas audiencias.

MORA

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, refiere que ese gran número de expedientes acumulados en una sola judicatura «lo único que evidencia es la mora judicial», lo que a su criterio da validez a los planteamientos de abrir los tribunales de sentencia para que se conozcan más casos, indicó.

Barrientos también consideró que el acuerdo de la CSJ que implica la especialidad para que el Juzgado Primero se dedique sólo a casos de mayor riesgo: «generaba la necesidad del traslado a la gestión de despachos de los procesos en trámite», lo que ejemplificó figurativamente como «tapar un agujero y abrir otro».

«Para resolver estos problemas se proponen los juzgados pluripersonales de primera instancia, donde podrí­a haber dos o más jueces trabajando y conociendo casos concretos en la misma judicatura», sugiere el magistrado.

Barrientos dijo estar consciente de que: «se necesitan muchos juzgados pero no tenemos muchos recursos: estamos estudiando y buscando la forma de, con los menores recursos posibles buscar cambios, porque hay que tomar medidas inmediatas para mejorar la crisis en que vive la justicia en Guatemala», reconoció.

AMPLIACIí“N

La Corte Suprema de Justicia acordó ampliar la competencia para conocer casos de alto impacto en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Tribunal Primero de Sentencia y Sala Primera de la Corte de Apelaciones.

La medida surgió a solicitud de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y con el propósito de trasladar los procesos de hechos ocurridos fuera de la capital para que haya mejores condiciones de seguridad para los sujetos procesales.

La competencia de esas judicaturas abarca casos de asesinato, ejecución extrajudicial, genocidio, plagio o secuestro, parricidio, femicidio, delitos de las leyes contra la delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de las leyes contra la narcoactividad y contra el terrorismo cuya pena rebase los 15 años de prisión. Además, es el fiscal general el que solicita a la Cámara Penal trasladar los procesos que considere sean de mayor riesgo.