La Jueza Cuarta declaró bajo reserva el proceso que se sigue en contra de Sandra Torres Casanova, para evitar entorpecer las investigaciones a cargo del Ministerio Público (MP).
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La solicitud la hizo el Ministerio Público (MP), con el argumento de las investigaciones que se van a hacer en torno al proceso en contra de la ex Primera Dama, por lo que la Jueza Cuarta, Gisele Reinoso, declaró la reserva del caso.
Según lo indicado por los fiscales, se debe tomar en cuenta que la información que se vaya obteniendo llegue a otras personas implicadas en el caso podría entorpecer las investigaciones.
El Juzgado Cuarto ya había ordenado, la semana pasada, el arraigo contra la ex primera dama en el proceso que se lleva en su contra por la negativa de presentar datos del programa Mi Familia Progresa (MiFaPro), por lo que no podrá salir del país mientras el proceso dure.
De acuerdo con la juzgadora, la querella en contra de Torres se amplío por otros delitos que no han sido investigados, usurpación de funciones y violación a la Constitución.
La ampliación de la querella se realizó en el 2010, cuando Torres Casanova administraba el programa estrella del Gobierno, MiFaPro.
La primera acción legal se presentó en 2009, por incumplimiento de deberes y desobediencia, ya que en repetidas ocasiones Torres se negó a asistir a las citaciones que le hizo la bancada del Partido Patriota, para responder por el manejo de los recursos de los programas de Cohesión Social.
Por este caso, el MP solicitó a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), información relacionada con el manejo de fondos efectuados por Sandra Torres cuando estuvo al frente de los programas de Cohesión Social y MiFaPro.
Asimismo, los bancos tienen un plazo de cinco días para que entreguen la información requerida.
La información que obtenga el MP deberá ser entregada al Juzgado Cuarto el próximo 13 de abril, durante la audiencia programada, en la cual la juzgadora determinara si hay delito o no.
No habrá cacería de brujas
El presidente Otto Pérez Molina aseguró que no existirá en su administración “una cacería de brujas†sobre los funcionarios anteriores, pero advirtió que si alguno es responsable de un acto de corrupción deberá enfrentar las consecuencias de sus actos. El mandatario tampoco descartó citar a los ex empleados del Estado para que rindan cuentas sobre sus actos en la administración pública.
“Nosotros no le llamamos a eso cacería de brujas, le llamamos rendición de cuentas, queremos cuentas claras de los funcionarios que ya entregaron y al que tenga responsabilidad de un mal manejo de dinero de los guatemaltecos va a tener que responder ante los tribunalesâ€, advirtió Pérez Molina.