Orden de captura y arraigo fueron giradas contra Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, ex secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), y Gustavo Bladimir Solano Cerezo, ex secretario de Análisis Estratégico (SAE), en la continuación de la investigación por espionaje en Casa Presidencial.
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El juez de primera instancia penal de turno, Juan José Lemus Chacón, ordenó la orden de arraigo contra ambos ex funcionarios, por la supuesta participación en la colocación de los artefactos en la Casa Presidencial.
Los delitos son incumplimiento de deberes, espionaje, revelación de secretos e intercepción de comunicaciones con agravación específica, dio a conocer el fiscal contra el crimen organizado, Rony López.
A las 6:00 horas se presentó el documento de arraigo a las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora y de la Dirección General de Migración, quienes informaron que no hubo movimientos migratorios de los ex funcionarios durante las últimas horas del pasado viernes, explicó.
El juez Lemus Chacón también giró órdenes de allanamiento, con las cuales más de 20 fiscales del Ministerio Público (MP) en la capital y Retalhuleu empezaron a intensificar la búsqueda de Carlos Quintanilla y Gustavo Solano, en distintas propiedades y algunos negocios desde las 6:00 horas de este sábado, dio a conocer el jefe de la fiscalía.
Captura y explosivos
A partir de las 10:00 horas circuló el rumor de la captura de Quintanilla, algo que fue desmentido por el fiscal Rony López, mientras que sí confirmó el hallazgo de pertrechos de guerra en la residencia de Gustavo Bladimir Solano Cerezo, ubicada en la colonia Monteverde, zona 4 de Mixco.
En la inspección minuciosa de dicha vivienda, ubicada en la 3ª. avenida 1-76 zona 4 de Mixco, los agentes fiscales y de la PNC encontraron pertrechos para fabricar granadas de humo y de esquirlas. Los elementos de la Policía Nacional Civil procedieron a evaluar la cantidad de explosivos que fueron encontrados en la residencia, informó el fiscal Rony López.
En tanto que en los registros de los inmuebles de la colonia Arrivillaga, en la zona 5, y en San Rafael Nueva Vista, zona 18, las dos en la capital, los resultados fueron negativos, quedando a la espera de la información de la búsqueda de los ex funcionarios en la ciudad de Retalhuleu, agregó.
El jefe de la fiscalía dijo que el MP tiene la obligación de poner a disposición de las autoridades de justicia a ambos, para que aclaren su situación jurídica, porque fueron delitos que vulneraron la seguridad del Presidente de la República y la seguridad del Estado.
El marco de la investigación que se presenta para el MP es general y amplio, pero se va a delimitar quiénes son las personas responsables de la instalación de los instrumentos para espiar.
Por ello hay que determinar si hubo o no vinculación de otras personas o funcionarios, entonces el Ministerio Público tiene la facultad de investigar de forma concreta y objetiva, para averiguar cómo fueron instalados los dispositivos para espiar las actividades que realizaba el Presidente de la República.
El fiscal dijo previamente que Carlos Quintanilla tenía la responsabilidad legal de proteger al primer mandatario y velar por la cantidad de estrategias en torno a la seguridad personal del Presidente, por ello no debía permitir la instalación de aparatos para sustraer información de Gobierno o Estado, de ahí el incumplimiento de deberes.
La reacción de los políticos y de los ciudadanos no esperó desde el día del acontecimiento ocurrido el jueves y ha estado presente desde que se aprobaron las leyes de Dirección General de Inteligencia Civil, Decreto 71-2005 y la ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto 21-2006.
Como producto de esas leyes, dejaron abierta la posibilidad que la PNC y el MP puedan interceptar, grabar y reproducir cualquier comunicación, de cualquier sospechoso, pero el peligro que se aplique a cualquier persona que puede ser considerada sospechosa, alegó como inconstitucional el abogado Luis Pedro ílvarez.
La sorpresa y el temor se apoderó de muchas personas, quienes han pronunciado que si al Presidente de la República lo espían, qué puede pasar con el ciudadano común.
«Los funcionarios tenemos que estar sumamente preocupados, porque quiere decir que si escuchan al Presidente de la República, quiere decir que nos escuchan a todos», dijo el presidente del Congreso, Arístides Crespo.
Otros especialistas en Derecho han manifestado que los hechos ocurridos adentro de la rosca gubernamental, de donde se puso empeño para escuchar y grabar a quien representa la unidad de la Nación, es estar ante la fuga y manejo de información privilegiada, entonces estamos ante un delito político contemplado en el Código Penal.
Ante los riesgos de que exista una mayor estructura de espionaje, entonces también hay peligros como la práctica del chantaje político, la extorsión y una guerra política.
Lo que se desconoce y queda como inquietud de la población, es si la CICIG, igual como ocurrió con las sugerencias en la PNC y el MP, habría solicitado o había contemplado alguna vez sugerir al Organismo Ejecutivo sobre cambios por infiltración del crimen organizado.
El diputado y general retirado del ejército, í‰dgar Dedet Guzmán, dijo que espionaje ocurrirá en el siglo XXI, ha ocurrido y seguirá ocurriendo.
También se reactiva el humor chapín cotidiano aquel que es de dominio público que «cuando por teléfono se cuenta un chiste, se ríen tres».