Los colombianos reaccionaron hoy desde un optimismo moderado hasta con absoluto escepticismo luego de que la víspera el gobierno y las FARC anunciaran un nuevo acuerdo parcial que, por primera vez en cinco décadas, llevaría a los rebeldes a pasar a la vida política sin el uso de las armas.
Los negociadores del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alzadas en armas desde 1964, anunciaron el miércoles en La Habana, donde dialogan desde hace un año, un acuerdo en el segundo punto de los seis de la agenda que discuten.
Ese acuerdo versa sobre la participación política de los movimientos surgidos tras la firma de un acuerdo final y por primera vez los rebeldes aceptan abandonar las armas y pasar a la política.
Aunque ese acuerdo sólo regirá en caso de que se selle un pacto en todos los otros temas, nunca en el pasado un gobierno colombiano y las FARC acordaron el paso guerrillero de las armas a la vida política. Se trata de un acuerdo de forma parcial, como el alcanzado en el primer tema de discusiones sobre la política agraria colombiana.
En al menos tres intentos anteriores desde los años 80 de sellar el fin del conflicto, las negociaciones naufragaron tras incluso pactar un cese de fuego o que surgiera un partido político con algunos miembros de las FARC.
De allí que en las calles de la capital colombiana algunos expresaron en la jornada sus dudas, escepticismo y también la esperanza que se concrete un acuerdo final.
«Por el momento nosotros desconocemos realmente el alcance de los acuerdos a que han llegado», dijo a la AP Antonio Yepes, un abogado de 54 años. Dijo saber solamente lo que han informado los medios de comunicación».
Yepes hizo hincapié en la «poca credibilidad» que tiene la guerrilla de las FARC porque «no es la primera vez que se ha intentado (un proceso de paz) y siempre a última hora se paran de la mesa o hacen exigencias demasiadas que el gobierno de turno no les puede cumplir. Yo veo esto con muy poca credibilidad, no le creo nada a las FARC».
Diana Acevedo, una ingeniera de 31 años, opinó que «ese segundo punto que se firmó ayer (miércoles) va a ser muy complicado porque el pueblo colombiano cree que ellos, los de las FARC, no nos representan políticamente».
Según dijo, «no sé qué tipo de movimiento vayan a formar (los rebeldes); sin embargo, no faltará el que se una o adhiera a la causa de ellos».
Pero para ambos, no obstante, es bueno buscar el cese del conflicto.
«Ojalá se firmen la paz y políticamente ingresen y ya dejen la parte armada, la parte de violencia», indicó Acevedo.
«El gobierno tiene un interés legítimo, abonado con todos los colombianos, para que se dé la paz, pero le damos muy poco credibilidad a los guerrilleros», indicó a su turno Yepes.
Uno de los principales críticos del proceso de paz, es el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010). En su cuenta twitter el jueves destacó que el gobierno no ha aclarado varios puntos entre ellos si rebeldes responsables de delitos atroces podrán ser elegibles electoralmente y si las zonas en las que los insurgentes pueden eventualmente ser elegibles coinciden con sus zonas de influencia tradicional.
«Sin entrega de armas, con incremento de la violencia…la (sic)Farc avanza, con el consentimiento del Gobierno,hacia la toma de la democracia», indicó Uribe.
Una mayoría de los colombianos apoya que se busque la paz, pero también es mayoritario el escepticismo sobre la desmovilización de los rebeldes, según un estudio divulgado en la jornada por el diario El Espectador.
Según la muestra, realizada entre agosto y septiembre por Barómetro de las Américas y con el apoyo de la Universidad de los Andes, en Bogotá, aunque 53,7% de los consultados dijo apoyar el proceso de paz, frente a 32,6% que no lo apoya, un 73,4% dijo creer que es poco o nada posible que el proceso de paz conduzca a la desmovilización de los rebeldes.
Un 26,6% respondió que era posible o muy probable que los insurgentes sí se desmovilizarán como consecuencia del proceso de paz.
El estudio fue realizado en encuestas a 1.507 personas en 47 de los 1.000 municipios colombianos entre agosto y septiembre pasados y con un margen de error de 2,5 puntos porcentuales, según la muestra, copias de las cual fueron entregadas por la universidad.
Como el acuerdo anunciado la víspera incluye medidas de seguridad, cuyos detalles no fueron revelados, para el nuevo movimiento que surja de la guerrilla, el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, indicó en la jornada que las fuerzas militares garantizarán los derechos de cualquiera que actúe dentro de la ley.
«Si ellos (los rebeldes) van a estar trabajando dentro de la sociedad civil, dentro del marco legal y demás, nosotros tenemos indudablemente como fuerza pública, garantizar sus derechos», dijo el oficial a Blu Radio.