Organizaciones cívicas y empresariales de Santa Cruz, la región más rica de Bolivia y bastión opositor al presidente Evo Morales, afirman que la reversión de tierras contra dos familias en los últimos días es una decisión política, mientras el Gobierno defiende su decisión.
El Gobierno del izquierdista Morales revirtió el jueves unas 3.000 hectáreas en la región de Santa Cruz, cerca a la frontera con el Brasil, del rico banquero y dueño del canal privado de televisión Unitel, Osvaldo Monasterios Nieme, y argumentó que sus títulos de propiedad son fraudulentos.
La red nacional de televisión Unitel, con sede en Santa Cruz, feudo rebelde, es acusada por el oficialismo como el principal medio de oposición.
La medida se produjo una semana después de que el Tribunal Agrario Nacional, a solicitud del Poder Ejecutivo, expropiara 12.500 hectáreas también en Santa Cruz a la familia del líder cívico Branko Marinkovic, señalado por el Gobierno como uno de los promotores de un supuesto golpe de Estado en 2008.
Marinkovic, un descendiente de croatas, también fue sindicado por el oficialismo de haber financiado a un grupo de mercenarios boliviano-europeos, disuelto meses atrás por la Policía, con la muerte a tiros de su cabecilla Eduardo Rózsa Flores y tres de sus acompañantes.
La reversión de tierras «es la arremetida del Gobierno (de Morales) contra quienes hemos luchado por la autonomía», afirmó Luis Nuñez, líder del Comité Cívico de Santa Cruz, el más influyente conglomerado político-empresarial de este departamento, el más rico de Bolivia.
Santa Cruz impulsó con otras cuatro de las nueve regiones de Bolivia las autonomías departamentales, un modelo de gestión pública que busca descentralizar los recursos económicos y busca una mayor independencia política y legislativa.
«Los empresarios tienen que pronunciarse, porque de seguir este ataque, se podría parar la maquinaria agrícola del país y afectar las exportaciones», acotó Nuñez, citado por el diario La Prensa.
Santa Cruz, depositaria de una millonaria actividad agropecuaria, aporta con el 29% al PIB boliviano, el mayor aporte del país.
«Nosotros estamos tratando de recabar información para saber en qué estado está antes de fijar una posición institucional; el problema es la susceptibilidad política que dejan estos hechos», afirmó Mauricio Roca, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el poderoso gremio que agrupa a los empresarios.
La preocupación y el nerviosismo opositor en Santa Cruz fue respondido por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, principal responsable político en dirigir las reversiones y expropiaciones de tierras en manos de ricos latitundistas.
«De una manera malintencionada se ha estado hablando de motivaciones políticas del Gobierno», dijo Almaraz, y sostuvo que la familia Monasterios «recibió más 40.000 hectáreas gratis» durante los últimos gobiernos.
El influyente diputado del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, negó que se esté actuando con revanchismo aunque señaló que «el país está naciendo, hay que ajustar cuentas».
La reversión de tierras se constituye en una de las políticas sociales centrales del presidente Morales, el primer indígena en llegar al poder desde la independencia de Bolivia en 1825.
El Gobierno señaló que los territorios considerados ociosos serán recuperados para el Estado que, a su vez, los redistribuirá a indígenas pobres sin tierra, los principales aliados políticos del mandatario.