La oposición nicaragí¼ense acusó ayer al presidente Daniel Ortega de querer consolidar un «poder absoluto», por usurpar atribuciones del Congreso y violar la Constitución, tras extender el mandato de funcionarios electorales que respaldan sus planes de ser reelecto en 2011.
«Este es el golpe más grave» que ha sufrido el Estado de derecho en Nicaragua, donde el gobierno de Ortega parece encaminarse a una «monarquía absoluta», denunció el congresista José Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), primera fuerza opositora del Congreso.
Ortega despuntó su cuarto año de gobierno con otro controversial decreto, en el cual ordena ratificar y prorrogar en sus cargos a 25 autoridades estatales que terminarán próximamente su período de cinco años, hasta que el Congreso nombre a los nuevos funcionarios.
La medida pasa por encima de la potestad exclusiva que tiene el Congreso para nombrar a los altos cargos de dirección en las instituciones del Estado, sobre la base de ternas presentadas por el presidente y los diputados, advirtió el diputado liberal Carlos García.
Ante ello, el PLC resolvió el domingo que denunciará al presidente Ortega por «abuso de autoridad o funciones» esta semana ante la Fiscalía, como a los funcionarios que osen seguir en sus cargos tras expirar su período.
Los liberales reconocieron que la acción contra el mandatario podría ser bloqueada por los sandinistas que tienen influencia en el poder judicial y la Fiscalía, pero que al menos dejarán sentado un precedente legal.
El mandatario «quiere constituirse en poder supremo y absoluto (…) Se cree un rey», deploró el dirigente de la Bancada Democrática Nicaragí¼ense (BDN, derecha) y segunda fuerza del Congreso, Eduardo Montealegre.
Mientras el coordinador político del opositor Movimiento de Renovación Sandinista (MRS-centroizquierda), Edmundo Jarquín, calificó la decisión presidencial como «un verdadero golpe de Estado».
Representantes de la sociedad civil por su parte expresaron su preocupación por las «reiteradas» violaciones a la Constitución cometidas por Ortega, a través de más de diez decretos dictados en tres años de gobierno.
La reciente disposición presidencial favorece al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, y los nueve magistrados propietarios y suplentes afines en su mayoría al gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) que concluirán su período en febrero y junio próximos y que la oposición se disponía a cambiar.
También serán beneficiados los ocho miembros propietarios y suplentes del cuerpo colegiado de la Contraloría, cuatro de los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y al Superintendente de Bancos, cuyos plazos expiran este semestre.
El decreto restituyó además en sus funciones al Procurador de Derechos Humanos, el sandinista Omar Cabezas, quien cesó en el cargo en diciembre pasado.
No podemos seguir tolerando disposiciones dictatoriales» de esta naturaleza, consideró Montealegre, ex canciller y ex candidato presidencial, quien propuso promover la destitución del mandatario en el Congreso por sus «constantes violaciones a la Constitución».
Ortega negó que esté «usurpando» funciones del Congreso con este decreto, con el cual busca «garantizar la estabilidad del país».
El gobierno anunció la medida en momentos en que el Congreso se disponía convocar a la elección de los altos cargos, que requieren la aprobación de 56 de los 91 diputados y que requiere el voto conjunto del oficialismo y la oposición.
Los partidos de oposición, que son mayoría en el Legislativo, adelantaron que no apoyarían la reelección de los actuales magistrados electorales, a los que culpan de avalar los comicios municipales de 2008 que ganó el oficialismo en medio de denuncias de fraude.
Los acusan, además, de respaldar las intenciones de Ortega de optar a la reelección, en virtud de un cuestionado fallo que derogó una norma constitucional que prohibía la reelección sucesiva.
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