La oposición boliviana cuestiona una nueva ley electoral y el padrón, por considerar que favorecen al presidente Evo Morales en su intención de reelegirse en la elección de diciembre próximo mientras que el gobierno cree que se trata de un intento de boicotear los comicios.
Los adversarios de Morales, encabezados por los prefectos rebeldes de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Beni, demandaron «una ley electoral equitativa», un nuevo padrón y una «corte electoral independiente», según Róger Tuero, moderador de la reunión celebrada la noche del domingo.
También acordaron colectar 500 mil firmas para «exigir un nuevo empadronamiento, cumplir con las normas que establece la ley del Referéndum y llegar a las elecciones presidenciales de diciembre sin el temor de un fraude electoral», según una comunicación de la prefectura de Santa Cruz.
Esos planteamientos pondrían en riesgo las elecciones en diciembre y son considerados por el Ejecutivo de boicot, según el presidente Morales.
El Senado, de mayoría opositora, se niega a aprobar la ley electoral que el gobierno quiere.
Según el gobierno, el Senado planteó drásticos cambios a la ley electoral propuesta en el proyecto oficial: eliminó la votación de ciudadanos bolivianos en el extranjero, redujo las diputaciones campesinas de 14 a 4 y eliminó las elecciones departamentales y municipales previstas para abril de 2010.
En particular la oposición considera que el voto en el exterior podría ser fácilmente manipulado para favorecer al actual presidente.
La resistencia de la oposición en estos temas generó una reacción de molestia del ministro de Autonomías, Carlos Romero.
Para él el trasfondo del problema radica en que «la oposición no se siente segura de poder conformar una candidatura que pueda tener opciones de ganar las elecciones».
«No quieren diálogo, no quieren autonomías, no quieren elecciones a fin de año, no quieren que se implementen las autonomías. Entonces, qué quieren. Un golpe cívico-prefectural y seguramente van a desarrollar acciones conspirativas y de violencia»,, dijo el ministro.
Según previsiones de analistas, la nueva ley electoral quedará entrampada entre el texto del gobierno, aprobado en Diputados (con mayoría oficialista) y el modificado en el Senado.
Ante esa eventualidad, el presidente Morales dijo el sábado a periodistas que los comicios «se van a hacer sí o sí con ellos o sin ellos (los opositores)».
En caso de desacuerdo en el Congreso, el Ejecutivo baraja la posibilidad de llamar a elecciones generales por decreto.
Para evitar el colapso, el vicepresidente Alvaro García, también presidente del Congreso, llamó a las directivas del Senado y de Diputados a una negociación previa a la sesión del Congreso.
Pero para el influyente senador opositor Luis Vásquez, «esta es una lucha por principios y es muy difícil renunciar a esos principios cuando se tiene que discutir estos temas. El gobierno conoce nuestra posición; si el gobierno quiere ir a una mesa de negociación, estamos dispuestos pero es para lograr resultados».
Frente a la negativa de la oposición de aprobar la ley electoral propuesta por el gobierno, los sindicatos campesinos amenazaron con cercar la sede del Legislativo desde el martes.
Un único sondeo efectuado en marzo por la encuestadora independiente Ipsos reveló que Morales concentra el 40% de la intención de voto frente al 8% del ex presidente Carlos Mesa, quien todavía no oficializó su postulación.
El gobernante asumió en 2006 con el 54% de los votos y fue ratificado en el cargo, en otro plebiscito en agosto pasado, con el 67%.