Mientras Alberto Fujimori espera con paciencia el veredicto final sobre su extradición a Perú, en este país y en Chile siguen las expresiones de rechazo al fallo en primera instancia del juez Orlando ílvarez, que resultó favorable al ex mandatario.
Fujimori se mantiene en arresto domiciliario en una mansión del lujoso barrio residencial de Chicureo, de la capital chilena.
Pese a las connotaciones políticas que Fujimori le ha incorporado a este proceso por su condición de ex presidente del Perú (1990-2000) y como candidato a senador en Japón, la justicia chilena le ha dado, hasta ahora, el mismo tratamiento que a cualquier persona, al igual que las decenas de peruanos que son extraditados cada año desde Chile a Perú.
Finalmente será la II Sala Penal de la Corte Suprema la que tendrá en sus manos la decisión final del proceso, que podría extenderse hasta el mes de octubre.
La derrota sufrida por Perú podría ser revertida con la aportación de nuevos elementos probatorios contra Fujimori durante el examen que hará la Segunda Sala, cuya decisión es incierta. Históricamente, esta sala confirma generalmente los fallos de primera instancia en materia de extradiciones.
En Chile se prevé que el último capítulo de este caso siga su curso normal, al margen de las implicaciones políticas, y pese al indudable interés público que ha generado en Perú y Japón.
DIFERENCIAS ENTRE LA FISCAL Y EL JUEZ
Las diferencias mostradas en este caso entre el informe de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, y la resolución del juez ílvarez están dentro de los parámetros de un proceso normal de extradición en Chile, donde hay una tendencia histórica a rechazar las extradiciones, sobre todo cuando intervienen elementos políticos.
Como se recordará, la fiscal, en un informe de 60 páginas, le había recomendado al juez la extradición de Fujimori, sobre todo por los delitos de violaciones de los derechos humanos, corrupción y malversación.
Por su parte, ílvarez concluyó que en los cargos que se le imputan al ex mandatario no existen suficientes elementos para acreditar su culpabilidad, se aplica la prescripción o no se trata de hechos que configuren delito, de acuerdo con la legislación chilena.
El magistrado señaló que no existió ninguna documentación concreta ni testimonios precisos y sólo pruebas basadas en meras especulaciones o declaraciones de oídas.
Uno de las principales diferencias de criterio entre ambos fue la ponderación que se hizo del testimonio de Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor de Fujimori y hoy cumple varias condenas por corrupción, malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir.
La única coincidencia entre ambos documentos fue el rechazo a los nueve cargos de asociación ilícita que la justicia peruana incluyó en los cuadernillos para solicitar la extradición del expresidente.
JAPí“N SIGUE DE CERCA EL PROCESO
Las autoridades japonesas han reiterado que sólo «observan» el proceso contra Fujimori, quien ostenta también la ciudadanía nipona. En Japón siempre ha habido organizaciones y personalidades políticas interesadas en que Fujimori sea devuelto a ese país.
El mayor interés se mostró cuando el pequeño pero influyente Partido Popular decidió incluirlo en la lista de candidatos a senadores. Aunque fuera electo, según el juez ílvarez, este hecho no tendría ninguna influencia en el proceso de extradición.
Pero al ostentar un cargo de elección popular no se descarta que el gobierno de Japón realice gestiones para dotar a Fujimori de algún tipo de inmunidad, sobre todo si es extraditado a Perú, donde su candidatura ha sido considerada como un intento de escapar a la justicia.
Analistas chilenos y peruanos coinciden en que el mejor escenario para los gobiernos de Perú y Chile es que Fujimori regrese a Japón y continúe con su «exilio dorado» junto a su joven esposa.
El gobierno de Alan García tiene de hecho una alianza con el movimiento fujimorista, que ha posibilitado sacar adelante un conjunto de leyes con el apoyo de sus 13 congresistas.
Si Fujimori es extraditado podría romperse esa alianza, lo que desembocaría en una oposición más dura que no conviene al gobierno aprista. Hay que tener en cuenta, además, que las relaciones chileno-peruanas pasan por un delicado momento por la presentación por parte de Perú ante la Corte de la Haya de una demanda contra Chile para revisar los límites marítimos.
Si no es extraditado y vuelve a Japón, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet sufriría un duro golpe en su política de promoción de los derechos humanos. Es sintomático que, aunque siempre el gobierno chileno ha dicho que respetará el fallo de la Corte Suprema, los líderes de la coalición de gobierno y varios ministros han reiterado que Fujimori debe ser juzgado en Perú por la violación de los derechos humanos.
INCERTIDUMBRE SOBRE EL RESULTADO
A varias semanas de que dilucide este caso de extradición, es difícil hacer un pronóstico sobre la decisión que tomará finalmente la Corte chilena.
Los analistas chilenos consideran que la segunda sala del Tribunal Suprema fallará por la extradición, al considerar que los jueces de esta instancia judicial tienen una línea apegada a los principios de los derechos humanos y la democracia.
Sin embargo, esta sala ha rechazado casos de extradición de los asesores de Fujimori, considerando que han tenido una motivación política y que los documentos presentados no han demostrado la culpabilidad de los implicados.
Aunque todo puede suceder, hay que tener en cuenta que el juez ílvarez ha estado más de un año analizando toda la documentación presentada por Perú y su decisión de primera instancia tiene un peso específico importante ante sus pares de la segunda semana.
Hasta ahora, Fujimori se ha salido con la suya: su movimiento político obtuvo 13 escaños en el Congreso y su hija Keiko se ha revelado como una figura política de alcance nacional.
Aunque su popularidad ha caído, su figura mantiene cierto apoyo popular en Perú; si resulta electo senador en Japón, el escenario se le hará más favorable en el futuro; y, de ser extraditado, siempre se le disminuirán los cargos que sean rechazados por la justicia chilena en un eventual juicio en su tierra natal.
Se trata de un caso que pudiera establecer jurisprudencia internacional, tanto si es extraditado como si no, porque sería el primer ex presidente sudamericano que se enfrenta este peculiar proceso de extradición en el presente siglo.