Creemos que la posibilidad de que el Congreso actuara en modificar el presupuesto abría espacios para que en el futuro se tuviera que buscar, previamente, consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo para la formulación del presupuesto porque de lo contrario se correría el riesgo de no tener ese instrumento financiero aprobado. Desafortunadamente se rompió el acuerdo de la oposición y de esa cuenta veremos que el presupuesto posiblemente sea aprobado tal y como fue elaborado por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas y se volverá al precedente de que el Congreso no tiene más papel que el de aprobar la propuesta del ejecutivo.
La Constitución, al establecer que el Presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso en condiciones bien específicas y calificadas, otorga a la representación nacional algo más que el poder de aprobar o rechazar la iniciativa. Desde el punto de vista de técnica parlamentaria, hay que recordar que toda aprobación del Parlamento es producto de una discusión amplia y en el caso del Presupuesto lo triste es que si algún cambio se hace es simplemente para satisfacer aspiraciones muy particulares de los diputados.
Cierto es que nuestros partidos políticos no son entidades que tengan personal calificado como para ponerse a cambiar las partidas detenidamente estudiadas por los burócratas de la DTP, pero lo que ahora ha ocurrido demuestra que tampoco necesitan tener ese tipo de cuadros profesionales porque no van a meter la mano en proponer cambios. La DTP y el Ministerio de Finanzas, con ese control que tiene casi absoluto y pleno de la formulación del presupuesto, se convierten en el poder más importante porque es el que decide asignar fondos para distintos proyectos y definen la agenda del Estado.
El papel del Congreso al aprobar el presupuesto se convierte en un esfuerzo que no tiene trascendencia y, si acaso, un medio de chantaje político hacia el gobierno, pero de ninguna manera se trata de un ejercicio propio de las funciones del parlamento. En otros lugares, las comisiones encargadas de dictaminar sobre el presupuesto tienen prolongadas sesiones de trabajo y audiencias públicas para discutir rubro por rubro los orígenes de las finanzas públicas y rubro por rubro todas las partidas de gasto que tienen que ser justificadas y de acuerdo al interés nacional. Es en esa instancia donde se deben y pueden promover cambios y en el futuro ojalá que el Congreso entienda que su papel no es simplemente el de chantajear al Estado ni el de extenderle un cheque en blanco. Aprobar el presupuesto es una de las partes cruciales de la función fiscalizadora que tiene el Congreso y que, sobre todo, tiene la ventaja de que puede considerarse como preventiva porque previamente se pueden establecer candados para evitar el derroche de los fondos públicos.