Cada crisis viene acompañada de una oportunidad, suele decirse. Solo es necesario que quien afronta la eventualidad sea capaz de ver más allá de la coyuntura y así sacar provecho de los cambios abruptos de la realidad y encontrar una manera de hacer que las nuevas condiciones le favorezcan.

El terremoto de la semana pasada que dejó asolados varios departamentos del país, por el que se lamentan más de 40 personas fallecidas y miles de guatemaltecos damnificados, puede verse, luego de las evaluaciones pertinentes, como una oportunidad de rehacer la historia de recuperación luego de las catástrofes.

Parece ser que el gobierno encontró en esta tragedia la puerta para dar nuevo impulso a la solicitud del Estatus de Protección Temporal para migrantes nacionales en situación irregular en Estados Unidos. Una petición que parece que tendrá poco eco, pues se supone que en ese país, luego de las elecciones de hace pocos días y posiblemente hasta después de que Barack Obama asuma el nuevo periodo presidencial para el que fue reelecto, tratarán de llevar a cabo una reforma migratoria supuestamente integral, que beneficiaría no solo a guatemaltecos sino a todos los migrantes de todos los países.

Si el gobierno de Pérez Molina pudiera ver más allá de la tragedia y hablar de que la reconstrucción del país podría llevarse unos tres meses, debería observar también que algunos de los departamentos afectados por el sismo  son los mayores expulsores de migrantes nacionales, que podrían beneficiarse con creación de empleo que conlleva esta etapa de demolición y construcción de nuevas edificaciones.

Aunque contar con varias opciones, para al final escoger las más convenientes es adecuado, no se debería tener mayor esperanza en que el TPS se apruebe para Guatemala, pues mejor se haría con  enfocar los esfuerzos de reconstruir las localidades dañadas con la mano de obra que allí mismo reside, sin buscarla en otros lugares ni en que empresas de dudosa reputación se hagan cargo como en ocasiones anteriores.

En lugar de tratar de hacer justificable más deuda, porque los Q800 millones que se busca transferir en este ejercicio para entidades encargadas de la reconstrucción seguramente no serán suficientes, y posiblemente, como en ocasiones anteriores, puede correrse el riesgo de sumar  más duda flotante, deben aprovecharse las condiciones para que la etapa de reconstrucción absorba la mayor cantidad de trabajadores posible, con el efecto que esto conlleva, es decir, empleo que permita dar sustento a la familia sin que se dependa, necesariamente, de la ayuda humanitaria que el gobierno estaría obligado a brindar.

Es por eso también, que las actividades de reconstrucción no necesariamente deben estar delegadas a que las ejecuten ciertas empresas, designadas por alguna cartera de gobierno, bien se puede hacer un programa excepcional de creación de empleo, con el objetivo de recuperar infraestructura y al mismo tiempo buscar independencia de las remesas familiares.

El terremoto, sin querer, nos presenta un nuevo panorama que ojalá el gobierno pueda dilucidar de la mejor manera.