Ajeno a frívolas jactancias, durante años recientes he sido uno de los pocos columnistas que, inmensamente preocupado por el destino de los recursos naturales no renovables del país, he publicado numerosos artículos en contra de la concesión de amplias áreas del territorio guatemalteco a empresas transnacionales.

Sin proceder con los trámites formales, respecto a plantear por escrito a la junta directiva o a la asamblea general de la Asociación de Periodistas de Guatemala, de la cual soy miembro activo desde inicios de la década de los años sesenta, sino que utilizando este espacio he sugerido, recomendado, reclamado, exigido que la otrora combativa organización gremial abandone su lánguida displicencia ante graves problemas nacionales, en esos casos los referentes a la defensa de regiones de la soberanía nacional, que progresivamente los gobiernos han ido cediendo a compañías mineras, en evidente menoscabo de los intereses comunitarios y nacionales.
  
Pero siempre me topé ante la indiferencia de juntas directivas que, al parecer, so pretexto de que los asuntos que he abordado y en torno a los cuales he demandado por lo menos el acompañamiento de la APG, no atañen a la libre expresión del pensamiento ni al derecho de informar y ser informado, esa organización no está obligada, al tenor de sus estatutos y a su interpretación más ortodoxa, a emitir opiniones o declaraciones públicas encaminadas a exhortar a instituciones estatales que velen y resguarden el derecho inalienable del pueblo de Guatemala.
  
Llegó el momento en que abandoné la idea de esperar vanamente que la APG adoptara decisiones, por retóricamente débiles que fueran, y mi centré en mi objetivo de oponerme a las gigantescas y poderosas empresas explotadoras del suelo y subsuelo nacional, en forma individual y con perspectivas de no lograr avanzar un milímetro en mis propósitos.
 
 La semana anterior, espoleado por mi amigo y colega columnista Félix Loarca Guzmán, también asociado a la APG, me embarqué en otra aventura personal, esta vez para que, antes de que entre en vigencia la llamada Ley de Actualización Tributaria, aprobada por el Congreso, a iniciativa del Organismo Ejecutivo, la cámara parlamentaria excluya una cláusula mediante la cual se pretende que los guatemaltecos de edad mayor que perciben ingresos anuales superiores a Q48 mil en concepto de pensiones o jubilaciones estén sujetos al Impuesto Sobre la Renta, para evitar que sus exiguas economías no las carcoma más la voracidad de políticas financieras  neoliberales.
  
Ahora sí la asamblea general de la APG ha publicado una declaración que enfatiza que tal despropósito constituiría un atropello al artículo 114 de la Constitución Política, y ha solicitado audiencia al presidente del Legislativo y a los jefes de bancada para exponer la firme oposición del gremio de trabajadores de la prensa a la citada y viciosa intención.
  
Valoro esa decisión y confío en que se fortalezca la postura de la APG.

(Un diputado viejo verde, tío del reportero Romualdo Tishudo, cuando su esposa le reclama no haber llegado a dormir a casa la noche anterior, replica: -Es que no tenía sueño).