Ayer entró en el buzón de correo electrónico de La Hora un comentario que me parece extraordinariamente oportuno para ponerle ojo a otro escándalo de corrupción que está por concretarse ante nuestras narices y con la oposición de muy pocos que entienden lo que realmente ocurre. El mensaje dice así: “Los 3.5 millardos en bonos para pagar la cuasi ilegal deuda flotante deben ser objeto de una auditoría exhaustiva y hacer públicos los nombres de los acreedores y las obras que dizque cobran, pues de lo contrario su pago es anómalo debido a su origen ilegal por haberse contraído la deuda sin fondos presupuestados.
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Así que ojo con esos bonos que apestan, especialmente los que servirán para pagar a ONG suplantadas por parlamentarios. Gerardo Alvarado A1-172939”.
En realidad no es que sea cuasi ilegal, sino absolutamente ilegal porque no se puede contraer deuda para ejecución de obras que no figuran en el Presupuesto General de la Nación y eso lo saben tanto los funcionarios como los contratistas que se prestan al trinquete porque saben que, al final de cuentas, siempre se encuentra el mecanismo para pagarles. En esta ocasión, a falta de recursos provenientes de ingresos ordinarios, se recurre a la emisión de bonos y para el efecto los diputados ya están negociando con el Ejecutivo y con los contratistas para obtener su tajada, porque ya sabemos que en el Congreso no pasa nada sin que se aceite la maquinaria debidamente.
Y si tiene que hacerse público el nombre de los supuestos acreedores y las obras por las cuales están reclamando el pago, puesto que es la única forma de que al menos haya un mínimo de auditoría social porque la gente podrá ver si efectivamente se hicieron los trabajos, si valen lo que están cobrando y si todavía está funcionando, porque con nuestros constructores como contratistas del Estado nunca se sabe o, mejor dicho, lo que se sabe es que las obras duran poco porque usan materiales de pésima calidad para huevearse cantidades indecentes de dinero.
Cuando era candidato Otto Pérez Molina dijo que la deuda flotante que estaba dejando Colom era un barril sin fondo de corrupción, pero resulta que una vez en el poder decide honrar esa deuda aún a sabiendas de lo que hay detrás de ella. El argumento es que no pueden dejar en el aire a quienes “de buena fe” trabajaron con el Estado y no recibieron la paga correspondiente. Perdonen que me mate de la risa pero hablar de buena fe en este caso solo puede ser resultado de la más notable imbecilidad o del más descarado cinismo porque todos los que firmaron esos sucios contratos sabían que no había partida asignada para la obra y se “arriesgaron” con conocimiento de causa y porque saben que hay precedentes que les garantizan que pueden embolsarse el pisto al final de cuentas. Dicho y hecho, porque el Pérez Molina de hoy no tiene la misma visión que el que era candidato y quería convencer a los electores de que con él podría llegar una era de transparencia para ponerle fin a la ola de negocios sucios que se vienen haciendo para enriquecer a los funcionarios públicos y a sus socios, los empresarios con los que se parten la vaca.
El señor Alvarado tiene toda la razón al pedir que por lo menos se hagan públicos los nombres, pero insisto en que tienen que ir acompañados de la obra que ejecutaron y del monto que están reclamando porque es la única manera en que por lo menos la vindicta pública caiga sobre ellos y sobre los funcionarios que les hicieron el favor de asignarles los trabajos.