El anuncio del presidente Colom sobre eliminación del uso general y entrega de dinero del Estado a ONG para obra pública, recibió críticas en el Congreso de la República.
gherrera@lahora.com.gt
Algunos parlamentarios no dudan que en el pasado y presente diputados son y han sido contratistas y por lo primero que velan es por sus negocios.
«Hay que recordar que en el anteproyecto de presupuesto 2009 venía la eliminación de las ONG, sin embargo cuando llegó al pleno otra vez se habían dejado», comentó el diputado Aníbal García.
«Aquí la mayoría está velando por sus negocios, tanto los que responden a los intereses del sector económico tradicional como los políticos que responden a los intereses del sector económico emergente», aludió Aníbal García.
Leonel Soto Arango, diputado de UCN, está consciente que eso podría afectar no solo a la gente que es funcionario sino a las personas involucradas en el sector privado, por ser un modo de vida.
«Si algún esquema mercantil ya está fuera de circulación o ya no va a permitir la contratación, uno tendrá que adoptar otro esquema mercantil, lo más probable es que las ONG se vuelvan empresas mercantiles», destacó Soto Arango.
Félix Ruano, jefe del bloque CASA, criticó que las ONG «se han vuelto un negocio redondo para quienes las representan».
«Hay muestras que la obra pública que han realizado no sirve o se ha deteriorado mientras el dinero de los contribuyentes se pierde», lamentó Ruano.
Jaime Martínez, jefe del bloque GANA, respalda la idea de eliminar ONG, pero dice que no se debe generalizar negativamente su uso, porque las obras en su departamento de Jutiapa se cumplieron y están a la vista
Ovidio Monzón, subjefe del bloque oficial, está consciente que la decisión de eliminar ONG va a tener muchos detractores.
Trajo a la memoria el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR) a través del cual se desarrollaron obras con precio o sobreprecio y en muchos casos obras no fueron concluidas, similar a la situación de ONG.
El coordinador de Congcoop, Elmer Velásquez, manifestó su apoyo al acuerdo gubernativo donde se sancionara a las ONG que ejecuten trabajos con fondos públicos, ya que de las cuatro mil que hay en Guatemala, quinientas trabajan con fondos del Estado, siendo una ganancia del 3 por ciento del dinero utilizado, el cual es para las ONG, que no dan informe de este.
Velásquez aseguró: «este acuerdo tiene que ser una ley, para que no sea eliminado o quitado y así no seguir con la corrupción que se ve en las ONG que realizan licitaciones para la realización de carreteras y otras construcciones con fondos del Estado, que han sido mal utilizados por personas que crean una organización para el hurto de fondos, ya que en el país es tan fácil crear una ONG sin que sean fiscalizadas en su totalidad». Aseveró, además, «que el Estado es débil para la investigación de estas actividades anómalas, que desde hace años afectan al país».